Imaginemos que en la declaración de la Renta echamos mano de toda clase de artimañas contables para pagar menos impuestos y que al final nos descubren. ¿Qué nos puede pasar? Pues, como mínimo, Hacienda revisará la procedencia de hasta el último euro que tengamos y si el delito es mayor, podríamos tener problemas con la Justicia. Es lo que sucede en la vida real, en la vida del día a día.
No ocurre lo mismo al hablar de las instituciones y del manejo del dinero público, del dinero de todos. Si se trocean los contratos para eludir las rigideces impuestas en materia de contratación, si se gasta más de lo presupuestado y si no se publicitan un sinfín de contratos públicos como establece la ley, no pasada nada. Nadie se da por aludido y, por supuesto, nadie asume responsabilidades políticas y nadie dimite.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, se mostró el pasado jueves en las Cortes muy crítico con la gestión presupuestaria del Gobierno de Aragón en el ejercicio de 2016. Denunció que existen contratos por importe de 468 millones de euros que no se han publicitado en el portal de transparencia, tal y como obliga la ley.
Otros contratos por valor de 8 millones de euros se fraccionaron para eludir los cauces legales establecidos. Y se realizaron pagos por un importe de 297 millones de euros sin que hubiera un expediente de contratación. Salieron de la chistera, como por arte de magia.
En fin. Sobre el hemiciclo cayó todo un chaparrón de anomalías contables. Pero no se mojó nadie. Como tampoco nadie se mojó en ejercicios anteriores.
