Un estudio de la Fundación Manuel Giménez Abad de las Cortes de Aragón analiza la forma desigual de los parlamentos en mantener su actividad durante el confinamiento. Los expertos advierten: el gran reto de futuro es el uso de las nuevas tecnología en el parlamentarismo
La crisis de la COVID-19 está obligando a replantearse muchas de las cuestiones que hasta ahora parecían inamovibles. Un ejemplo de ello es el Parlamento, institución que desde siempre ha tenido muchas dificultades para innovar y que, como consecuencia de la pandemia, no ha tenido más remedio que readaptarse a una situación muy compleja a través del uso de las nuevas tecnologías.
Los expertos coinciden en asegurar que el futuro del parlamentarismo en España pasa por la necesidad de que se desprenda de su tradicional oposición a los cambios y busque un aliado en el Parlamento virtual.
Mayor agilidad, transparencia, eficacia, apertura al ciudadano y reducción de gastos de dietas y sueldos de los diputados, serían las ventajas más sobresalientes del futuro Parlamento virtual.
El estudio “El Parlamento ante el Covid-19”, elaborado por la Fundación Manuel Giménez Abad con sede en las Cortes de Aragón, realiza una completa radiografía de lo sucedido durante el estado de emergencia en las Cortes Generales y en los Parlamentos autonómicos del país. El trabajo analiza también los casos de Alemania y Gran Bretaña.
El secretario general de la Fundación, José Tudela, recuerda en la presentación del estudio que la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo supuso el confinamiento de la población y, obviamente, todas las Cámaras parlamentarias del país también se vieron afectadas “por los protocolos de aislamiento social”.
La primera respuesta ante esta situación inesperada fue que los Parlamentos cerraron sus puertas a la celebración de actos presenciales, lo que obligó a mirar hacia la posibilidad de que la tecnología pudiera suplir esta situación.
A lo largo de varias semanas, la mayoría de Cámaras autonómicas cerraron sus puertas a la celebración de actos presenciales, lo que obligó a derivar toda la actividad parlamentaria, centrada en el debate de la pandemia y sus consecuencias económicas y sanitarias, a las diputaciones permanentes, integrada por representantes de todos los partidos.
Durante la primera fase del confinamiento, la actividad del Congreso de los Diputados, por ejemplo, se limitó al debate de autorización del estado de alarma y a una comparecencia semanal del ministro de Sanidad en la Comisión correspondiente. Es decir, advierte Tudela, “en un momento de máxima concentración de poder, cuando el control era más necesario que nunca, el Parlamento casi desaparecía de la escena”. Este déficit parlamentario se fue corrigiendo progresivamente, aunque de forma dispar, según fuera el parlamento. En cualquier caso, Tudela entiende que los Parlamentos han perdido una magnífica ocasión para desempeñar un papel más activo y cercano a los ciudadanos ante una situación de excepcionalidad como era la generada por la pandemia.
Todo ello ha acelerado la consolidación de un Parlamento virtual. Ahora bien, sostienen los expertos, el debate virtual no debe sustituir al debate presencial. Los grandes debates presenciales deben continuar, aunque “nada impide que su trabajo cotidiano no pueda ser complementado” de forma virtual.
El caso de las Cortes de Aragón
El Parlamento aragonés mantuvo su actividad presencial ordinaria hasta el día anterior a la declaración del estado de alarma. A partir de ese momento, los actos parlamentarios se vieron también alterados.
El viernes 13 de marzo, al término de la sesión plenaria, la Mesa de las Cortes de Aragón adoptó una serie de medidas en relación con la incidencia de la COVID-19 introduciendo diversas restricciones en la actividad parlamentaria y administrativa.
Estas medidas iniciales fueron posteriormente recogidas en el Acuerdo de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces de 16 de marzo de 2020, que supuso la restricción de la actividad parlamentaria a la “que resulte imprescindible por cuestiones relacionadas estrictamente con el control del COVID-19”.
Durante la segunda quincena de marzo y la primera de abril no hubo actividad parlamentaria de pleno ni de comisión en las Cortes de Aragón, aunque sí que se celebraron sesiones de Mesa y de Junta de Portavoces por vía telemática. Las sesiones plenarias presenciales se reanudaron el 15 de abril con una presencia reducida a un máximo de 24 diputados que, en realidad, es la composición de la diputación permanente. En la segunda quincena de mayo, se reanudaron las sesiones presenciales de las Comisiones Parlamentarias que pasaron a celebrarse en el hemiciclo.
Los autores del informe correspondiente a la Cámara aragonesa, los letrados Carmen Rubio y Jerónimo Blasco, plantean la necesidad de acometer cuanto antes reformas jurídicas ante la posibilidad que se repitan en el futuro situaciones extremas como la pasada. Subrayan que las Cortes de Aragón “han sido capaces de mantener su funcionamiento básico a pesar de las grandes dificultades creadas por el estado de alarma”.
A pesar de ello, consideran “aconsejable” la modificación de los Reglamentos “para dar mayor cobertura jurídica a la realización de sesiones no presenciales de todas las instituciones parlamentarias”. A su juicio, hay dos retos tecnológicos que hay que resolver: la incorporación del voto electrónico a las videoconferencias y la participación activa de los diputados no presentes en sesiones con asistencia reducida.
“Desde el punto de vista tecnológico, ambas cuestiones tienen solución en las diversas plataformas existentes, pero necesitan ajustes para adaptarse a la vida parlamentaria y garantizar la seguridad. En este sentido, la reforma reglamentaria podría incluir la opción de sesiones no presenciales completas (videoconferencia). La opción mixta (asistentes presenciales y otros virtuales con plenos derechos) es también una posibilidad a contemplar como otra opción válida siempre que la emergencia lo permita”, concluyen los letrados.
El caso del Congreso de los Diputados
Frente a lo sucedido en la mayoría de Parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado abogaron desde el primer momento por mantener las sesiones presenciales, aunque la reducida presencia de parlamentarios se complementó con el voto telemático. La actividad de las Cortes Generales se limitó al debate de los asuntos relacionado con la pandemia. Varios grupos políticos minoritarios han presentado proposiciones de reforma del reglamento del Congreso para posibilitar la celebración de sesiones de forma telemática.
