¿Cómo definiría el trabajo que desempeña la Cámara de Cuentas?
Es un trabajo concienzudo de revisión exhaustiva de las cuentas de las Administraciones aragonesas y de verificar, con rigurosidad, objetividad e independencia, que la gestión se ha realizado cumpliendo la normativa y que no haya deudas que no estén contabilizadas, en los cajones. Y al final, dar una opinión sobre si la actuación ha sido correcta o tiene problemas y ponerlo de manifiesto en informes que son públicos.
Una labor que es incómoda para las instituciones porque es el rastreo de sus cuentas.
Es cierto. A nadie gusta que le controlen o vengan inspectores a revisar cómo hemos hecho las cosas, pero tengo que reconocer también que sin excepción todas las instituciones han asumido nuestra labor, porque es consustancial a un sistema democrático. Las cuentas deben estar claras, revisadas y con una auditoría independiente que pueda transmitir tranquilidad a la sociedad.
Por su experiencia, ¿esta institución ha logrado los objetivos que se marcó en su nacimiento en 2010?
Frente a las incertidumbres iniciales, veo la institución completamente consolidada y aceptada. Una vez que la institución ha cuajado, creo que habría que reforzarla con más medios. Por ejemplo, tenemos muchas dificultades para hacer una fiscalización eficaz en el ámbito del sector público local, es decir, en los ayuntamientos, las diputaciones y las comarcas. Es un sector que tiene más de mil entidades que mueven más de 2.000 millones de euros, que también están sujetas a la fiscalización de la Cámara y seguimos estando 30 personas para esa labor.
¿Considera que la Cámara de Cuentas ha aportado transparencia al uso del dinero público?
Evidentemente. Es uno de nuestros objetivos estratégicos y que los ciudadanos entiendan los fundamentos y vericuetos de la gestión económica. Estoy convencido de que la Cámara ha aportado muchísima más información que la que había en el 2010 sobre el sector público autonómico y local cuando solo estaba el Tribunal de Cuentas, y además aportando trasparencia, dando una información de calidad sobre el funcionamiento de las entidades.
¿Cuáles son las anomalías contables más destacadas de las Administraciones?
Digo siempre que parece mentira que estemos en septiembre de 2022 y todavía ninguna administración pública aragonesa no haya dado pasos en la implantación de una contabilidad de gestión por resultados. Hoy en día, los ciudadanos necesitan algo más que saber que las transacciones económicas están correctamente reflejadas en la contabilidad. Hoy en día un hospital necesita saber analíticamente cuál es el coste de sus procesos. No vale simplemente que el Instituto Aragonés de Salud aporte en la liquidación presupuestaria que se ha gastado 2.000 millones de euros en personal o en material. En una administración moderna necesitamos saber cuál es el coste de un proceso quirúrgico, algo que en el sector privado está implantado desde hace muchos años. Ahora, los ciudadanos exigen saber si una inversión ha sido eficiente o no ha conseguido los objetivos para lo que fue presupuestada. ¿Cuál ha sido el resultado de esa inversión? ¿Sirvió de algo? Esa es la gran demanda social. La Universidad de Zaragoza, por ejemplo, es de las pocas de España que publica un informe de contabilidad analítica de cómo se ha distribuido el presupuesto en sus centros, lo que nos permite calcular cuál es el coste de los estudios. El futuro tiene que ir por una gestión moderna del dinero público.
¿Se es poco riguroso con el uso del dinero público?
No, no, pienso que no. Otra cosa es que hemos encontrado programas mal gestionados y lo hemos dicho, como sería el caso de líneas de ayudas que no han tenido ningún éxito por sus problemas de diseño.
¿Qué ocurre cuando una administración desoye sus recomendaciones?
Siempre digo que no podemos imponer la ejecución de nuestros informes. Ni tampoco podemos sancionar. Somos instituciones persuasivas. Es decir, nuestro papel se centra en hacer públicos los problemas de gestión en informes claros para el ciudadano y para que tengan un efecto inmediato en la reputación de esa Administración en cuestión. Es decir, las irregularidades no deben camuflarse para que con esa presión pública se corrijan las anomalías.
Entrevista publicada en El Periódico de Aragón
