La escena se repite cada año: el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, acude periódicamente a las Cortes de Aragón para presentar a sus señorías los informes de la institución sobre la política de gasto de las diferentes Administraciones de la comunidad autónoma. Suelen ser duros balances de gestión que destapan una retahíla de anomalías contables en materia de contratación de servicios, contabilidad y gestión presupuestaria, y personal. La finalidad de laCámara de Cuentas radica, desde que nació hace doce años, precisamente en fiscalizar el uso del dinero público y promover que los errores contables detectados sean subsanados por las Administraciones públicas.

La versión aragonesa del Tribunal de Cuentas estatal se incorporó por primera vez en el Estatuto de Autonomía de 2007 y nació tres años más tarde, el 1 de julio de 2010. Su alumbramiento se dilató, no obstante, más tiempo de lo esperado por la falta de acuerdo político. Al tratarse de un órgano auditor de las cuentas públicas, se ha considerado desde siempre incómodo para las instituciones.

Antes de su puesta en marcha, fracasaron varios intentos. El primero, protagonizado porIzquierda Unida en marzo de 1997, que presentó una proposición de ley que configuraba un órgano fiscalizador integrado por cinco miembros. Fue rechazada con los votos en contra, únicamente, de los grupos del Gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi. En noviembre de 1998, Chunta Aragonesista presentó una nueva proposición de ley para la creación de un órgano unipersonal y que también fue rechazada. Finalmente, CHA logró en la nueva legislatura, con el único voto en contra del PP, que viera la luz una iniciativa que dio lugar en 2001 a la Ley de Creación de la Cámara de Cuentas.

Sorprendentemente, el desarrollo de la ley sufrió un bloqueo hasta 2007 cuando se creó una ponencia especial que revisó la ley de 2001, cuyos trabajos desembocaron en la ley de 30 diciembre de 2009, vigente en la actualidad y en la que la Cámara de Cuentas se configura como órgano colegiado, integrado por tres miembros, en lugar del carácter unipersonal previsto en el texto de 2001. De esta forma, en 2010, con la presidencia de Antonio Laguarta, inició su andadura este órgano clave en el control de las cuentas públicas que a lo largo del tiempo se ha rebelado imprescindible en el objetivo de velar por la transparencia en el uso del dinero que hacen las distintas Administraciones (Gobierno de Aragón, empresas y organismos públicos, diputaciones, comarcas y ayuntamientos).

«Los inicios fueron muy difíciles», recuerda Laguarta. La situación económica era muy compleja, de recortes económicos por la crisis que llegaron a amenazar la supervivencia de órganos creados por las autonomías, como es el caso de la Cámara de Cuentas. Laguarta reconoce que salió adelante por el «empeño de Iglesias. Era un hueco que ha había que rellenar porque suponía coronar el sistema democrático». Una vez consolidada, el primer presidente de la Cámara de Cuentas aboga por incrementar los recursos económicos de que dispone, «los mismos con los que se creó». «Así no se puede llegar a controlar todo», advierte. 

En su corta historia, la Cámara de Cuentas ha elaborado más de un centenar de informes de fiscalización de las cuentas públicas. Sin embargo, no tiene capacidad de sancionar los incumplimientos contables de las Administraciones. No puede imponer multas, sino que debe conformarse con la buena voluntad y el compromiso de mejora que realice la Administración cuestionada. No obstante, sus informes anuales de fiscalización se trasladan al Tribunal de Cuentas que, en el caso de apreciar presuntas prácticas corruptas, traslada el documento a la Justicia.

Un informe de la propia institución aporta datos reveladores sobre cuál fue el grado de cumplimiento de las Administraciones de las recomendaciones aprobadas durante el periodo 2012-2018. Según las conclusiones del informe, apenas 5,5 de cada 10 recomendaciones de la Cámara se han implantado totalmente en las administraciones a las que iban dirigidas.

La hoja de ruta anual

El plan anual de fiscalización constituye la hoja de ruta del trabajo de la institución. En él se recogen los informes que se van a elaborar en el año, aunque algunos se alargan más de un ejercicio. Este plan incluye las fiscalizaciones que son de obligado cumplimiento, como la cuenta general de la Comunidad Autónoma, las prioridades de los grupos parlamentarios y los informes a iniciativa de la propia Cámara de Cuentas. A partir de ahí, el presidente asigna los trabajos a los equipos de auditoria. 

En la actualidad, hay 4 equipos y, al frente de cada uno, un director de auditoría y un consejero responsable. Todo el procedimiento se ajusta a unas normas técnicas de auditoría, comunes a la fiscalización externa de todo el sector público y que han sido aprobadas por organismos oficiales.

Reportaje publicado en El Periódico de Aragón