Cuando nuestro Justicia, Ángel Dolado, nos encargó a su equipo que afrontáramos para este 2022 la realización de un informe especial sobre la situación de la sanidad en el medio rural aragonés, debo reconocer que a más de uno de los técnicos del Justiciazgo nos asaltó la duda de si seríamos capaces de afrontar una empresa que de entrada se nos antojaba muy amplia, complicada y con mil posibles derivaciones.
Pero el justicia Dolado sabe bien lo que hace, y conoce la capacidad de trabajo de su oficina, y muestra de ello es que diez meses después, el pasado 7 de noviembre, entregamos al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, el “Informe Especial del Justicia sobre la Sanidad en el Medio Rural”. La repercusión que el mismo ha tenido en los medios de comunicación, una de las mayores sin duda de la actividad de esta Institución, demuestra lo acertado y oportuno del trabajo, y la preocupación e importancia que a la materia da la sociedad aragonesa.
Los casi cuatrocientos folios del informe, con una exhaustiva recopilación y análisis de datos obtenidos gracias a la colaboración de administraciones, colegios profesionales y diversas entidades, recoge de forma objetiva la realidad de un preocupante sector del Aragón de hoy, en el que las condiciones demo y orográficas, con un cada vez mayor envejecimiento, y una dispersión y orografía complicadas, hace que la prestación de los
servicios públicos, la sanidad en especial, pero también otros, sea tarea de gran dificultad.
Pero el trabajo realizado desde el Justiciazgo ha querido no sólo ser una recopilación de datos, sino también palpar de primera mano lo que se vive en nuestro medio rural, y para ello desde nuestra sede zaragozana nos hemos trasladado al territorio para conocer cómo se siente en él la asistencia sanitaria. Me viene a la cabeza, y creo puede servir de ejemplo, la visita a un pueblo del Aragón oriental, en una intensa jornada en la que tras reunirnos con el alcalde y secretario del pueblo, enfrascados en encontrar una solución a la falta de médicos de atención continuada y buscando alternativas al transporte al hospital de Lleida, “pues el de Barbastro está peor comunicado”, nos inmiscuimos en una charla de café en una terraza vecina a la casa consistorial. En ella un grupo de mujeres, ya de cierta edad, hablaban con resignación, precisamente de que ese fin de semana no habría médico y que ya el anterior una vecina no había encontrado quien le atendiera cuando se lesionó en la huerta, pero “que maja” era la nueva joven enfermera, “recién salida”, que hacía unos días había venido al pueblo.
Luego acudimos al centro de salud, y la coordinadora médica del mismo, que de propio vino desde uno de los siete consultorios locales que atendían el mermado grupo de facultativos de la localidad, nos expuso los problemas de coberturas de bajas y vacaciones, la inseguridad y falta de medios en muchos consultorios locales, el no poder acudir a formación por no poder cubrir el servicio, el tener que poner su coche para ir de aquí para allá, pero que a pesar de todo, “nos vamos apañando”.
Es una realidad que nuestra juventud ve en casi todos los casos que su futuro está en las ciudades, en una sociedad en la que lo urbano se impone a lo rural, en la que lo tecnológico se impone a lo humano, en la que la falsa sensación de protección de la aglomeración eclipsa a la cercanía y contacto personal del pueblo.
No podemos criticar a nuestros jóvenes sanitarios por no querer ir a los pueblos, es la sociedad que les hemos ofrecido y por eso, reconociendo que quizás hemos cometido el error de no poner en valor lo rural, y a veces hasta denostarlo, es por lo que no puede esperar más tiempo el acometer un cambio sociológico impulsado desde la administración, pero con el apoyo y empuje de toda la sociedad, que nos haga ver que la vida del médico en un pueblo del alto Pirineo, ahora premiado tras décadas de servicio a sus vecinos por todo el complicado valle, es algo a poner muy en valor, y que, como nos dijo una sanitaria, en otra de las escapadas desde el Justiciazgo en la elaboración del informe, en este caso a un pueblo de las Cuencas mineras turolenses del bajo Aragón: “no se quiere lo que no se conoce, y aquí no vienen ni médicos ni enfermeras a formarse, cómo van luego a querer cubrir las plazas”.
Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón
