Bajo un cierzo de justicia, hace unos días hablaba en las puertas de su granja con un vecino de mi pueblo que hizo varias campañas de la remolacha en Francia a principios de los 70. Para la primera campaña necesitó el permiso paterno porque aún no había cumplido los 18 años. Me habló de las jornadas de trabajo que empezaban cuando todavía no había amanecido, del alojamiento, de la comida y del esfuerzo físico que exigía la recolección y, con satisfacción, de los ahorros en pesetas que poco después le permitieron hacerse una vivienda.
Fuimos y todavía somos un país de migrantes que, sí, que íbamos con los papeles en regla en busca de una vida mejor. Como la inmensa mayoría de los aproximadamente 500.000, entre 15 y 17.000 en Aragón, que van a regularizar el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 14 de abril.
Entraron en España con visado o autorización legal y han sido la pérdida del empleo y la rigidez de los procedimientos, las dificultades para mantener o renovar permisos, los que los han dejado en una posición administrativa irregular.
En 2024 entraron en España 1.144.277 personas extranjeras, de ellas solo 63.970 lo hicieron por vía irregular marítima o terrestre. El 95 por ciento llegaron de forma completamente regular.
Si hiciéramos un retrato robot saldría el de una mujer latinoamericana que trabaja en el servicio doméstico, en el sector de los cuidados o en la atención a la dependencia. Son datos que he extraído de una reciente publicación de Federico Abizanda, miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, en la revista Actualidad de las Empresas Aragonesas (AEA).
Son personas que cuidan a mayores y dependientes, limpian nuestras casas, también los espacios comunes, nos traen los paquetes, recogen las cosechas en el campo, alquilan viviendas, estudian, consumen, dan vida a los barrios y contribuyen a garantizar nuestras pensiones con sus cotizaciones.
Un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) subraya que la irregularidad se está dando en ámbitos especialmente feminizados, con elevada economía sumergida y una fuerte demanda derivada del envejecimiento de la población. Lo que se traduce en muchos casos en salarios por debajo de convenio y en jornadas abusivas.
El cuello de botella se produce cuando el mercado laboral necesita mano de obra en determinados sectores, entre los que podemos incluir también la hostelería, y las administraciones son incapaces de ofrecer itinerarios ágiles para atender esa demanda de manera regular.
No estamos, por tanto, ante un problema de ellos frente a nosotros, alimentado por la desinformación e instrumentalizado políticamente para discriminar como se desprende de una primera lectura de los pactos del PP y de Vox en Extremadura. Estamos ante el desafío de cómo gestionar y ordenar un flujo migratorio seguro y regular, que haga innecesarias las regularizaciones masivas. Desde la década de los 90 ha habido seis con Gobiernos tanto del PSOE como del PP.
El decreto aprobado por el Gobierno sintoniza con la Iniciativa Legislativa Popular que hace dos años firmaron más de 600.000 personas y entidades sociales, entre ellas organizaciones de la Iglesia católica como Cáritas. El mensaje es que al fenómeno migratorio se le puede dar respuesta desde los derechos y no desde el miedo, el señalamiento y la represión.
A la regularización se podrán acoger las personas extranjeras que vivan en España desde antes del 1 de enero de este año, previos certificados de empadronamiento, vulnerabilidad y antecedentes penales. Las autorizaciones de residencia y trabajo tendrán la vigencia inicial de 1 año.
Un Informe del Consejo Económico y Social atribuye a la inmigración un 80 por ciento del incremento de la riqueza española entre 2019 y 2024 y cifra en 2,4 millones las necesidades de empleos en España hasta 2035. Según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay más de tres millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social y el 43 por ciento del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países.
El decreto del 14 de abril refuerza también la calidad democrática de una sociedad. Puede ser un punto de partida para ordenar el mercado laboral y desbrozar caminos para mejorar la inclusión, la convivencia, la integración en el territorio y, en definitiva, la cohesión social.
Ni invasiones, ni efecto llamada, ni propagación del odio. Los necesitamos. Tras el decreto de regularización en una España que se acerca a los 50 millones de habitantes, la prioridad para las administraciones debe ser ampliar la oferta de viviendas, planificar bien las repercusiones en los servicios públicos para que no se resientan y cooperar lealmente, sean del signo político que sean, en beneficio de la ciudadanía.
Plácido Díez, periodista. Artículo publicado en el Diario.es Aragón
