La carrera por convertir Aragón en la gran nube digital de Europa ha convertido la planificación territorial en una cuestión secundaria. El territorio se adapta al proyecto, las infraestructuras se acomodan a la inversión y el futuro económico de la comunidad corre el riesgo de quedar hipotecado por una sucesión de decisiones tomadas al calor de la fiebre de los centros de datos.
Aragón aspira a convertirse en el gran enchufe de Europa. Y, a estas alturas, cuestionar el modelo parece haberse convertido en una forma de cuestionar el propio desarrollo de Aragón. Para Jorge Azcón, el debate parece reducido a una disyuntiva bastante elemental: o centros de datos o atraso.
Los centros de datos se han convertido en uno de los asuntos que marcan este inicio del curso político aragonés. El pasado jueves decayó en el pleno de las Cortes una iniciativa de Izquierda Unida, que apoyó la oposición en bloque, que reclamaba algo lógico y muy sencillo: es necesario un debate sosegado sobre los centros de datos en una comisión parlamentaria de estudio específica. Sorprende que un asunto de esta envergadura que amenaza hipotecar el futuro de la Comunidad no quiera ser debatido por PP y Vox, eclipsados por la lluvia de millones de inversión. Azcón, en su defensa, llegó a actuar como el portavoz o el “CEO”, le reprochó la socialista Pilar Alegría, de las multinacionales que promueven los centros de catos
El fenómeno no es menor. Ni tampoco las incógnitas que plantea. Amazon Web Services ya opera en Aragón y ha planteado nuevas ampliaciones que alcanzan los 33.000 millones de euros. Microsoft proyecta tres campus y otros promotores impulsan instalaciones de gran tamaño. Hay más de una veintena de centros de datos proyectados, en construcción o en tramitación, y las estimaciones llegan hasta unos 28 proyectos dependiendo del criterio utilizado. Ante semejante desembarco, el Gobierno de Aragón ha decidido poner la alfombra roja. Varios de estos proyectos han sido declarados de interés autonómico y de interés general. Y ahí aparece una de las palabras que más conviene mirar con lupa: PIGA.
Los Proyectos de Interés General de Aragón tienen una ventaja evidente para el promotor: concentran y agilizan la ordenación territorial de un proyecto considerado estratégico. Pero también plantean una pregunta política perfectamente legítima. Si un proyecto privado necesita modificar el territorio, alterar el planeamiento, desplegar nuevas infraestructuras eléctricas, garantizar el abastecimiento de agua y, eventualmente, recurrir a expropiaciones, ¿hasta qué punto seguimos hablando de una inversión privada y hasta qué punto estamos ante una decisión estratégica de país?
El centro de datos llega como inversión privada. Pero buena parte de las decisiones territoriales que hacen posible que exista adquieren la etiqueta de interés general. Y ahí empieza el verdadero debate. Porque hay además una cuestión que suele quedar escondida detrás de las cifras de inversión: la factura. La polémica de Villamayor de Gállego lo ha puesto sobre la mesa. El Ayuntamiento ha amenazado con emprender acciones legales si no recibe compensaciones del Gobierno de Aragón por la pérdida de determinados ingresos tributarios municipales vinculados a la declaración del PIGA.
La pregunta, por tanto, ya no es solamente cuánto dinero llega a Aragón. También es cuánto deja de ingresar, cuánto cuesta adaptar el territorio y quién asume esos costes. ¿Estamos ante una política industrial cuidadosamente planificada o ante una sucesión de proyectos privados a los que Aragón va adaptando el territorio mediante la figura del PIGA?
Porque los centros de datos tienen una característica extraordinaria: cuando funcionan, no se ven. No hay humo. No hay chimeneas. No hay grandes factorías. No hay miles de trabajadores entrando y saliendo cada mañana. Son enormes edificios silenciosos que, vistos desde fuera, parecen casi inocentes.
Pero detrás de ese silencio hay electricidad. Muchísima electricidad. La suficiente para alimentar miles de servidores que sostienen buena parte de la economía digital y, entre otras cosas, el crecimiento de la controvertida inteligencia artificial.
Y también hay agua.
Un centro de datos puede generar actividad durante su construcción, empleo especializado, contratos para proveedores y nuevos ingresos. Todo eso es cierto. Pero estaría bien hacer también la segunda mitad de la cuenta. Aragón parece haber descubierto la planificación territorial después de descubrir los proyectos.
Primero llegan las multinacionales. Después, los PIGA. Luego, las líneas eléctricas. Después, las conducciones de agua. Más tarde aparecen las preguntas:
¿Cuánta agua? ¿Cuánta electricidad? ¿Cuánto suelo? ¿Cuánta infraestructura pública? ¿Cuánto cuesta adaptar el territorio? ¿Qué consumo energético se reserva para estas instalaciones? ¿Y cuál es el coste de oportunidad para otras actividades económicas?
Quizá la solución pase por algo tan antiguo como poco tecnológico: reflexionar, debatir y planificar antes de construir.
Determinar cuántos centros de datos caben. Dónde deben ubicarse. Cuánta energía pueden consumir. Cuánta agua necesitan. Qué infraestructuras requieren. Qué retorno económico generan. Cuánto empleo estable crean. Qué impacto tienen sobre el territorio. Y, sobre todo, qué coste tienen para el resto de la economía aragonesa.
El mensaje parece sencillo. Hay terreno. Hay sol. Hay viento. Hay agua. Hay electricidad. Y hay un Gobierno dispuesto a facilitar las cosas y a extender la alfombra roja eclipsado por la lluvia de millones de inversión.
Solo falta poner el cartel en la entrada de la comunidad: Ponga un centro de datos en su vida. ¿Qué puede salir mal?
Conrad Blásquiz Herrero, periodista y editor de la web política desde la Aljafería
