Casi sin darnos cuenta, sin duda porque las agitadas aguas de la política nacional lo inundan todo y no nos dejan ver más allá, estamos a punto de llegar al final de la novena legislatura en Aragón.
El presidente Lambán firmará el próximo 1 de abril el decreto de convocatoria de elecciones autonómicas. Al día siguiente, se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y nos precipitaremos de lleno por la rampa que nos llevará a la cita con las urnas del 26 de mayo. Desde hoy faltan 42 días para que la legislatura eche el telón definitivamente. Sólo queda algo más de mes y medio, y hay 31 futuras leyes, entre proyectos y proposiciones de ley, que se encuentran actualmente en tramitación en las Cortes.
Algunas de estas iniciativas legislativas son tan importantes como la Renta Social Básica de Aragón, el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, la creación de la Comarca Central, la atención a las personas con discapacidad, el emprendimiento y el trabajo autónomo, la vivienda o la que se refiere a la Economía Social.
Dudo que muchas de ellas vean la luz. Creo que apenas se podrán contar con los dedos de una mano las que se publiquen en el BOA. Su aprobación requiere un trabajo frenético, casi una al día, un ritmo al que no están acostumbradas sus señorías.
Una vez más, demasiadas expectativas de ciudadanos y colectivos metidas en el cajón de los olvidos hasta que en la próxima legislatura las rescate el nuevo Gobierno si así lo decide.
¿De verdad que alguien puede extrañarse de la desafección de los ciudadanos con la política y con los políticos?
