En 1972, el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, presentó la Ley de Autopistas, que iba a convertir a España en un país moderno y abierto. El franquismo aseguró que el peaje era una práctica habitual en el mundo occidental. En ese mundo la práctica más habitual era la democracia, pero de eso no habló Fernández de la Mora. Las concesionarias se forraron y los españoles pagaron por cada viaje; luego el negocio no dio más de sí y los españoles siguieron apoquinando; pagaron por cada desplazamiento y para salvar lo privado, que ya había sido auxiliado con dinero público. Teniendo en cuenta ese precedente, el anuncio de implantar el peaje en las autovías nos obliga a sospechar. Es muy probable que el Gobierno venda la idea de un diminuto impuesto que salvará al país. Pero también es posible que en unos años la privatización del servicio siga el ejemplo de las concesionarias de autopistas: forrarse primero, luego quejarse del alto coste de la conservación y más tarde a rescatarlas entre todos.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, es un cachondo que ya prepara el terreno. Considera que hay que pagar las autovías por la misma razón que compramos billetes cuando utilizamos el tren. Al señor Navarro se le olvida que ya pagamos cada viaje en coche, porque el carburante no es gratis; tampoco recuerda que las autovías ya las costeamos, porque el dinero de las obras salió de nuestros bolsillos; y se le escapa que en Aragón, por ejemplo, el estado de la red de carreteras es tan lamentable que deberían pagarnos a nosotros primero, por todos los años de espera, por los accidentes, por los pésimos pavimentos, por las averías y por la confianza defraudada.
Javier Lafuente, periodista
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
