En Aragón, el agua ha sido, es y seguirá siendo fuente inagotable de conflicto social y político. Las Cortes de Aragón han debatido en cientos de ocasiones cuestiones relacionadas con el agua en alguna de sus distintas vertientes: trasvase, regadíos, embalses, política hidráulica… Y el agua también ha sido fuente de intenso conflicto en cada una de las intentonas trasvasistas del Estado: la protagonizada por Felipe González en 1993 a la que siguió en 2000 el Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar y, por último, en 2008, cuando José Luis Rodríguez Zapatero acordó con José Montilla derivar agua del Delta ante la tremenda sequía en Barcelona. También ha habido serios enfrentamientos por el agua en el Aragón interior, entre el llano y la montaña, entre los beneficiarios y los perjudicados por la construcción de embalses. Aragón ha vivido su historia reciente sumergido en un permanente conflicto hidráulico que ha llenado de protestas las calles y de denuncias los juzgados.
En Aragón la sensibilidad está a flor de piel al hablar de agua. La palabra trasvase está maldita. Para los aragoneses, se diga como se diga, el trasvase es sinónimo de agresión. Josep Tarradellas, presidente catalán, comentó en una ocasión, coincidiendo con una visita oficial a Zaragoza: «Cada vez que se habla del Ebro, todos se ponen nerviosos menos yo. Pero es necesario hablar del Ebro y del Tajo y del Aragón, porque el agua es el problema más candente que hay en el mundo. Me parece necesario abordar este problema porque hace cien años que estamos hablando de él y no hemos sido capaces de resolverlo». Y lleva camino de no resolverse nunca. Porque en el trasfondo se encuentra el eterno conflicto entre la España interior y pobre que busca desarrollarse con un recurso tan escaso como el agua, y la España periférica, rica, desarrollada, que pretende crecer más a costa del agua trasvasada.
La amenaza del trasvase viene de lejos. En plena época franquista, una revista especializada desveló la ejecución sin autorización de un acueducto que llevaría unos 40 metros cúbicos por segundo de agua a Castellón, incluido el complejo siderúrgico de Sagunto. Y en 1978 se hizo público que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas incluía una partida de 60.000 euros para iniciar la infraestructura para llevar agua a Cataluña. Los técnicos ministeriales llevan décadas trabajando en su planificación, pero en todas ellas se han encontrado frente a la sociedad aragonesa, alineada contra cualquier posibilidad de trasvase. Justo lo contrario que ha sucedido con la clase política, profundamente fragmentada.
Histórica manifestación en Zaragoza el Día de San Jorge de 1993, donde se reivindicó la plena autonomía y un rotundo ‘trasvases, no’.
La llamada batalla del Ebro se relanzó siendo José Borrell ministro del Gobierno socialista de Felipe González. La estrategia de Borrell se centró en la búsqueda en Aragón de un consenso político que posibilitó el Pacto del Agua de 1992. Borrell no vio obstáculos entonces para anunciar una ambiciosa red de trasvases que, a modo de vasos comunicantes, uniría todas las cuencas hidrográficas del país, de tal forma que el Ebro recibiría caudales del Duero. El ambicioso proyecto acabó ahogándose. González acusó a los aragoneses «de sentarse encima del botijo» por rechazar el trasvase. Esas palabras tuvieron su efecto inmediato: decenas de botijos fueron enviados a la Moncloa procedentes de Aragón.
La otra batalla destacada contra el trasvase se libró durante el segundo mandato de José María Aznar. El Plan Hidrológico Nacional del PP mantenía la trasferencia de recursos de Borrell, aunque el trasvase se quedaba en 1.050 hectómetros cúbicos. Aragón montó en cólera y la DGA, gobernada por el socialista Marcelino Iglesias con el apoyo del PAR , encabezó una gran ofensiva contra los nuevos planes trasvasistas. Se presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional; hubo una manifestación multitudinaria en Bruselas y quejas ante la Unión Europea, que acabó dando la razón a Aragón. Sin embargo, el Gobierno central se mostró firme en sus planes. «El trasvase sale por cojones», llegó a decir el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, el padre de otra sentencia que pasará a la historia cuando garantizó que el trasvase iba a ser «un paseo militar». Se equivocó.
Pasan los años, el debate sobre el conflicto del agua sigue abierto. Es uno de los puntos destacados del acuerdo de investidura y gobernabilidad del cuatripartito que gobierna Aragón y que ha impulsado la creación de una Mesa del Agua de que se ha propuesto alcanzar un acuerdo hidráulico, un objetivo harto complicado echando un vistazo a los últimos 40 años.
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
