Sobre las seis de la tarde del 23 de febrero de 1981 llegaron rumores inquietantes procedentes de Madrid. En solo unos minutos, se confirmó la peor noticia: un grupo de guardias civiles liderados por un tal Tejero había tomado por la fuerza el Congreso de Diputados. A la hora que estalló el golpe de Estado, estaban reunidos en una sala de la Diputación Provincial de Zaragoza representantes de los diferentes partidos encargados de la redacción del primer Estatuto de Autonomía de Aragón. Al conocer la noticia, abandonaron precipitadamente las dependencias de la DPZ a la búsqueda de noticias. La mayoría corrió a sus respectivas sedes con la intención de poner a salvo los ficheros de sus militantes antes de que cayeran en manos de los sublevados si finalmente prosperaba el golpe. La sublevación militar no triunfó, pero lógicamente supuso que los trabajos de discusión y debate del futuro Estatuto se paralizaran durante un tiempo.
En las primeras reuniones de redacción del futuro Estatuto hubo representantes de un abanico político muy amplio. No solo asistían los partidos que en las autonómicas de 1983 obtendrían previsiblemente representantes en las primeras Cortes, sino también acudían aquellas formaciones políticas que habían logrado tener presencia institucional en las elecciones municipales de 1979. (Movimiento Comunista, el Partido del Trabajo…) Más tarde, la ponencia se redujo a aquellos partidos con presencia social se suponía que era más amplia, como el PSOE, la Alianza Popular, la UCD, el Partido Socialista de Aragón y el Partido Comunista de España.
Había temor a que Aragón no accediera al nivel competencial de las llamadas comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia
Durante meses, se prolongaron los trabajos en los que se sucedieron acaloradas discusiones sobre el principal debate: el temor a que Aragón no accediera al nivel competencial de las llamadas comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. Es decir, no lograra la denominada autonomía plena y se quedara en un escalón inferior, en el pelotón de las comunidades de vía lenta, como finalmente así fue. Para muchos, el Estatuto de Autonomía de 1982, pese a ser una de las reclamaciones más deseadas por los aragoneses desde que el golpe militar de Franco contra la II República diera al traste con el Estatuto de Caspe de 1936, supuso un cierre en falso del proceso autonómico.
El nacimiento del Estatuto de Autonomía supuso la desaparición de la uniformidad nacional impuesta por la dictadura
El Estatuto de 1982 supuso un hito histórico. Por primera vez, se habló de Aragón como comunidad autónoma. Fijó los grandes ejes de la incipiente autonomía aragonesa: estableció cuál era la bandera y el escudo de Aragón, la organización territorial e institucional de la comunidad autónoma, la Administración pública, el desarrollo competencial, las relaciones con el Estado y las fuentes de financiación. En sus 61 artículos, tres disposiciones adicionales, trece disposiciones transitorias, el texto estatutario perfiló las bases de una autonomía que para la mayoría de ciudadanos era la gran desconocida. Se sabía que iba a suponer un beneficio para Aragón, pero se desconocía en qué forma y cómo. El nacimiento del Estatuto de Autonomía supuso la desaparición de la uniformidad nacional impuesta por la dictadura.
Fue en el Palacio de Marivent, lugar tradicional de veraneo de la familia real española, donde el rey Juan Carlos sancionó el 10 de agosto de 1982 la Ley Orgánica 8/82 con la que Aragón alcanzó por primera vez la autonomía. El Estatuto de Autonomía de Aragón salió aprobado en el Congreso de Diputados, con 251 votos a favor, dos en contra, 21 abstenciones y un voto nulo, los días 15 y 16 de junio de 1982 y en el Senado, el 27 de junio. Y entró en vigor a mediados de agosto, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
