Los artículos que reclaman un trato económico especial para Aragón son papel mojado en el actual modelo. Apenas se tienen en cuenta las especificidades de la comunidad: el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como su esfuerzo fiscal. La comisión mixta DGA-Estado sobre asuntos económicos se reunió por primera y única vez hace doce años
El presidente aragonés, Javier Lambán, ha fijado públicamente su objetivo en el cada vez más intenso debate sobre la inminente negociación del nuevo modelo de financiación autonómica: cumplir lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Se trata de un propósito que parece sencillo, y más si se tiene en cuenta que se trata de una ley orgánica de obligado cumplimiento. Sin embargo, es más complejo de lo que parece. De hecho, lleva 25 años incumpliéndose, desde que la segunda reforma del Estatuto llevada a cabo en 1996 reclamó por primera vez un trato económico especial para Aragón, similar al modelo económico foral de navarros y vascos.
Las pretensiones aragonesas se han dado de bruces una y otra vez contra los diferentes modelos de financiación aprobados por el Estado y las comunidades autónomas de régimen común en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las Cortes de Aragón han abordado en al menos dos comisiones especiales de estudio las posibles soluciones a los serios problemas de financiación de la hacienda autonómica, una deuda que se ha disparado en las últimas décadas con el traspaso de las competencias de Sanidad y Educación no universitaria a la comunidad.
El tiempo ha demostrado que los traspasos de Educación y Sanidad se ejecutaron con excesivas prisas e infradotados económicamente, de tal forma que el dinero transferido en su día por el Estado para las competencias más importantes que gestiona la DGA es extremadamente insuficiente para hacer frente a unos gastos que no paran de crecer. Las posibles fórmulas para enjuagar la deuda que se han barajado en las Cortes han sido siempre las mismas: reclamar al Estado que el modelo de financiación autonómica asuma las especificidades aragonesas, como son el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales y su esfuerzo fiscal.
Sin embargo, estas reclamaciones recogidas en el Estatuto, reformado por última vez en 2007, son hoy por hoy papel mojado en el actual modelo de financiación, caducado desde 2014 pero que sigue vivo por la falta de acuerdo de los partidos. El sistema vigente incumple los artículos en materia de financiación del texto aragonés. No se ha suscrito el convenio bilateral económico-financiero entre Aragón y el Estado que establece el artículo 108, y apenas tienen peso en el reparto del dinero las especificidades aragonesas fijadas en el artículo 107. Además, la comisión mixta de asuntos económicos-financieros Estado-Comunidad, un órgano cuyo protagonismo debe ser clave para consensuar los temas de económicos entre ambas administraciones, que, según el artículo 109, se debía encargar del seguimiento del cumplimiento del acuerdo bilateral, se reunió por primera y única vez hace doce años, el 21 de diciembre de 2009, para dar su visto bueno al modelo vigente.
Igualmente, el Estado ha obviado de forma sistemática, – también es cierto que los sucesivos Gobiernos autonómicos tampoco lo han reclamado con excesiva insistencia-, la disposición adicional tercera del Estatuto, que en una redacción bastante poco concreta abre la puerta a un sistema foral en virtud de los derechos que le corresponden a la Comunidad por su historia.
Informe del Justicia en 2009
Un informe del Justicia de Aragón hecho público en septiembre de 2009, elaborado a propuesta de CHA, advertía que en el sistema de financiación el criterio poblacional tiene muchísimo peso, ya que supone el 97% del reparto del fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, el más importante del sistema ya que financia en condiciones de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales. Este fondo beneficia claramente a las autonomías más pobladas como Cataluña o Andalucía.
Según el informe del Justicia, sólo se destina el 8,5% del fondo atendiendo al criterio de envejecimiento de la población. La superficie supone apenas el 1,8% del reparto del dinero y la dispersión de la población, un mísero 0,6%. Es decir, las especificidades propias de Aragón apenas tienen un valor residual en el actual reparto.
En su informe, el ex Justicia, Fernando García Vicente, reclamó que el modelo de financiación autonómico “fije unos criterios mínimos de reparto que no dependan del número de votantes, conflictividad, afinidad política…en definitiva, de factores coyunturales o de política menor”.
“Poco transparente e insatisfactorio”
La última comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón que diseccionó el sistema de financiación autonómica tuvo lugar en la pasada legislatura. Los trabajos de la comisión duraron poco más de un año y en la misma comparecieron expertos en la materia, como los profesores Alain Cuenca y Julio López Laborda. Las conclusiones del dictamen, que se aprobó el 14 de mayo de 2018 por el pleno de la Cámara, constataron que el sistema de financiación que sigue vigente desde 2009, “además de complejo y poco transparente, se ha demostrado insatisfactorio para el conjunto de las comunidades autónomas y, en especial, para Aragón”.
La comisión especial incidió igualmente en lo que ya había advertido el Justicia: “No se han ponderado suficientemente las singularidades de nuestra comunidad que recuerda el Estatuto de Autonomía, y la consecuencia ha sido abundar mucho en la población y poco en la superficie, densidad, dispersión poblacional, variables que condicionan la prestación de servicios en nuestro extenso territorio”.
