Apenas 5’5 de cada 10 recomendaciones sobre anomalías contables y administrativas que realiza esta institución, clave en el control del buen uso del dinero público, son atendidas en su totalidad por las administraciones aragonesas

La misma escena suele repetirse año tras año: Alfonso Peña, presidente desde enero de 2018 de la Cámara de Cuentas de Aragón, detalla desde la tribuna del pleno de las Cortes el correspondiente informe anual, que está repleto de incumplimientos y anomalías contables y administrativas de las principales instituciones autonómicas, ante la cara de hastío de sus señorías en un hemiciclo semivacío.

Peña preside una institución clave en el control del buen uso del dinero público y en detectar posibles corrupciones, y acostumbra a propinar bofetadas dialécticas llenas de anomalías y malas prácticas contables a un lado y a otro de la Cámara. Sin embargo, ningún Gobierno aparenta nerviosismo ante el tirón de orejas anual del máximo responsable de la Cámara de Cuentas. Es como si a las instituciones implicadas no les afectara, a tenor del elevado incumplimiento de las administraciones de las rigurosas recomendaciones que realiza la institución fiscalizadora sobre el funcionamiento del sector público aragonés. 

Un informe revelador

Un reciente informe elaborado por primera vez por la propia Cámara de Cuentas aporta datos reveladores sobre cuál es realmente el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas en el periodo 2012-2018. El documento también incluye el seguimiento del grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón. En total, entre conclusiones y recomendaciones de la Cámara de Cuentas y resoluciones de las Cortes de Aragón, el trabajo ha revisado el grado de implantación de 1.263 propuestas de mejora de la gestión derivadas de 50 informes de fiscalización. 

Según las conclusiones del informe, apenas 5,5 de cada 10 recomendaciones de la Cámara se han implantado totalmente en las administraciones a las que iban dirigidas y parcialmente, el 13%, Las recomendaciones que presentan un grado de implantación mayor son las referidas a contratación (82%), seguidas de las relativas a contabilidad y gestión presupuestaria (61%), y las menos implantadas son las de personal (43%).

Vaso medio lleno; vaso medio vacío

Desde la  Cámara de Cuentas de Aragón, esta situación se aprecia como positiva, desde la óptica del vaso medio lleno, porque considera que las conclusiones de este trabajo expresan el compromiso de las administraciones públicas aragonesas para cumplir el principio de buena gestión financiera, que debe regir su funcionamiento. Sin embargo, en una empresa privada sería inconcebible que no se atendieran a casi la mitad de las recomendaciones y obligaciones contables que pudiera realizar la empresa auditora. 

Por sectores, la Universidad de Zaragoza ha implantado total o sustancialmente el 80% de las 46 recomendaciones formuladas; este porcentaje asciende al 89% en las recomendaciones sobre contratación y al 85% en las de contabilidad. Entre otras, destacan las mejoras en la transparencia de los procesos de selección y control de los trabajos de investigación, la aprobación de Relaciones de Puestos de Trabajo en los plazos legales y mejoras en la contratación centralizada y menor. Del total de las recomendaciones al sector autonómico, al SALUD le corresponden 65, de las cuales, ha implantado el 63%. Como ejemplos, la reducción significativa del saldo de la cuenta 413 (facturas pendientes de imputar a presupuesto), así como la contratación centralizada de medicamentos exclusivos.

Por su parte, el sector público local ha implantado el 45% de las 325 recomendaciones realizadas. En este ámbito, el Ayuntamiento de Zaragoza ha implantado, total o sustancialmente, el 76% de las 50 recomendaciones formuladas, y parcialmente, el 18%, entre ellas, la correcta valoración contable y presupuestaria de las participaciones del Ayuntamiento en sociedades mercantiles o la justificación de las necesidades de contratación. El Ayuntamiento de Teruel solo ha implantado totalmente el 18% de las 39 recomendaciones formuladas y parcialmente el 28%. De las 23 recomendaciones dirigidas a la Diputación de Huesca, la entidad ha implantado total o parcialmente el 48%, como por ejemplo la que proponía disponer de un registro de facturas. En el caso de la Diputación de Zaragoza, el grado de implantación es del 46%, sobre un total de 28 recomendaciones formuladas. 

El caso especial de Caspe

El informe destaca que la falta de colaboración del Ayuntamiento de Caspe, “que no ha respondido al cuestionario remitido por los auditores que han realizado el informe de seguimiento”, ha impedido conocer el grado de implantación de las 59 recomendaciones realizadas tanto por la Cámara de Cuentas como por las Cortes de Aragón. 

Las comarcas han implantado un 46% de las 126 recomendaciones que se les han formulado

El próximo mes de junio se van a cumplir 21 años desde la aprobación de la ley de creación de la Cámara de Cuentas de Aragón, un órgano esencial en la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón. Fue en 2007 cuando la Cámara de Cuentas adquirió relevancia estatutaria al aparecer regulada en el art. 112 como un órgano especializado, de control de los poderes públicos de Aragón, caracterizado por su independencia con respecto a las administraciones sujetas a su fiscalización. A pesar de su relevancia en el autogobierno, su puesta en marcha definitiva se demoró hasta julio de 2010, principalmente por las reticencias de los partidos a implantar una institución cuyo principal objetivo radica precisamente en mirar con lupa la gestión del dinero público. 

Sin capacidad de sancionar

La Cámara de Cuentas no tiene capacidad sancionadora ante los incumplimientos, no puede imponer multas, sino que tiene que conformarse con la buena voluntad y el compromiso de mejora que realice la Administración cuestionada. No obstante, sus informes anuales de fiscalización se trasladan al Tribunal de Cuentas que, en el caso de apreciar posibles sombras de prácticas corruptas, se encarga de llevar el documento a la Justicia.