La política aragonesa es cíclica. Se mueve dentro de una espiral sin fin y en la que pasan las legislaturas, se eternizan las reivindicaciones y años más tarde reaparecen del olvido protagonistas de la historia reciente de la comunidad.
La comisión de las Cortes que investiga el faraónico, fracasado e irracional Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, aprobado por el Gobierno de Aragón en 2001, -el mismo que ha cuestionado con dureza la Cámara de Cuentas en un duro informe que criticó su gestión privada, su diseño sobresimensionado y el desvío a otros fines de parte del dinero concedido por el Ministerio de Medio Ambiente para la depuración de aguas; el mismo al que acusan de dejar en herencia el polémico ICA- lleva camino de convertirse en la pasarela de aquellos que han tenido alguna responsabilidad en el tema del agua en los últimos 25 años.
Ayer miércoles arrancaron las comparecencias en comisión y el calendario retrocedió hasta 1995, cuando Manuel Allende ocupaba en el cargo de director general del Agua en el Gobierno de…¡¡¡Santiago Lanzuela!!! Allende no se mojó, porque lógicamente no es responsabilidad suya lo que se hizo después.
En la misma jornada, entre otros altos cargos, pasaron también por la sala de Comisiones A de la Aljafería, la destinada a las investigaciones parlamentarias, como sucedió en el caso Plaza, Víctor Longás quien fue consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Marcelino Iglesias y que dimitió en 2002 agobiado por el escándalo de Euroresiduos. Un escándalo sobre residuos que olió mal desde el principio y por el que se abrió una comisión de investigación, cuyo dictamen acusatorio fue archivado por la Fiscalía del TSJA. Longás no había vuelto desde entonces a las Cortes.
Mientras llega el momento de que den las explicaciones los Alfredos (Alfredo Boné y Alfredo Cajal, exconsejero de Medio Ambiente y exresponsable del Instituto Aragonés del Agua, respectivamente), los miembros de la comisión se van a mover en los preliminares, dando círculos, viajando al pasado intentando encontrar respuestas en el presente a muchos interrogantes oscuros.
La labor de la comisión no es ver qué se ha hecho mal para no repetir. Lo que se hizo mal ya lo dijo la Cámara de Cuentas de Aragón en su demoledor informe. El Gobierno de Javier Lambán tomó buena nota y suprimió el plan. Se trata de “estudiar, analizar y depurar las responsabilidades políticas si las hubiera, sobre la organización, planificación, funcionamiento y gestión del saneamiento y depuración de aguas en Aragón”, que es ése el fin último de la comisión. Y en el caso de que haya posibles irregularidades penales, trasladarlas a la Justicia para que investigue.
La aragonesista María Herrero, preguntó a Manuel Allende si sabía los motivos de que la costosísima depuradora de Zaragoza fuera “la única” de Aragón que se ejecutó sin recibir fondos europeos. Y éste le respondió con un lacónico “No lo sé”. Una pregunta para la que seguramente tiene alguna respuesta Antonio González Triviño, el que fuera alcalde de Zaragoza en tiempos de megaproyectos. Pero no estaba invitado.
