Cada vez que se aproxima una posible convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades escenifican sus alianzas para defender una posición común que modifique según sus intereses el sistema de financiación autonómica vigente. Hemos visto cómo las más pobladas han aparcado sus diferencias ideológicas para plantear un modelo en el que la población prime frente a otros factores. Es el caso de la Comunidad Valenciana y Andalucía, que también cuentan con el apoyo de la Comunidad de Madrid y también de Cataluña, aunque no lo muestre públicamente. El contraataque no se hace esperar y las comunidades menos pobladas y envejecidas demográficamente también refuerzan una alianza sobre la que trabajan desde hace años. Es el caso de Aragón con Castilla-La Mancha y Castilla y León a las que se suelen unir otras comunidades con similares problemas.
El debate es complejo, propio de un Estado con una Hacienda pública común pero con competencias de servicios esenciales descentralizadas. ¿Qué sucede para que un grupo de comunidades se sienta discriminado frente a otro que a su vez también considera que recibe del Estado menos transferencias de las que necesita para prestar servicios de calidad a sus ciudadanos? La ley de financiación autonómica, aprobada in extremis en 2009 sin que convenciera a nadie dota de recursos –siempre insuficientes– a las comunidades a través de la cesión de un porcentaje fijo de la recaudación de determinados tributos y una serie de criterios correctores en los que se tienen en cuenta determinadas peculiaridades de las comunidades. Luego están las comunidades del cupo, que son el País Vasco y Navarra, que se financian de otra forma y no entran en el régimen común del resto.
¿Será este el Gobierno que sea capaz de encontrar una postura consensuada? No lo parece. A la vista de la compleja legislatura que se está viviendo, con muchos frentes abiertos, algunos sobrevenidos y de origen natural, este gran debate político tal vez merezca un momento de más sosiego aunque sea urgente abordarlo
Desde que se aprobara ese marco, todos los gobiernos posteriores han mostrado su voluntad, compartida con las comunidades, de cambiar la ley; pero cuando ven la discordia que genera, prefieren dar un patadón a la pelota y dejarlo para tiempos mejores, más estables o con más opciones de acuerdo. A la vista está que esos momentos mejores, tal y como está la política y la naturaleza, nunca llegan. Mientras tanto, el debate se mantiene vivo y con posturas irreconciliables. ¿Será este el Gobierno que sea capaz de encontrar una postura consensuada? No lo parece. A la vista de la compleja legislatura que se está viviendo, con muchos frentes abiertos, algunos sobrevenidos y de origen natural, este gran debate político tal vez merezca un momento de más sosiego aunque sea urgente abordarlo.
Lo llamativo de estos frentes comunes es que todos tienen razón. Están infradotadas las comunidades con mayor concentración de población, pero también es cierto que garantizar los servicios públicos es mucho más costoso en lugares despoblados como Aragón. Por tanto, no parece que sea fácil encontrar una decisión salomónica.
Cuando se reúna ese gran foro que congrega al Gobierno central y las comunidades y que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se evidenciarán todas esas posturas encontradas. Pero estaría bien que nadie se olvidara de la parte en la que casi nunca entran, y que es el gran reto al que se enfrentan todas las administraciones de sociedades con una amplia cobertura social: ¿Qué recursos necesitamos y cómo los recaudamos para mantener el nivel elevado de prestaciones que tenemos y que exigimos preservar? Ahí se produce el silencio, se habla mucho de lo financiero y poco de lo fiscal, más allá de utilizarlo con fines electoralistas. Algunas comunidades muy pobladas, como Madrid, sacan pecho de que reducen a tipos mínimos sus impuestos cedidos. Otras, como Aragón, plantean rebajas en Sucesiones a grandes fortunas o piden una discriminación fiscal positiva para territorios como Teruel. Todos exigimos ayudas, coberturas sociales públicas de máximo nivel pero, a la hora de pagarlos, obviamos cómo hacerlo. Ahí está el gran debate. Hasta que no se resuelva y haya una posición única y leal, todo lo demás resulta secundario. De momento, no parece que nadie se lo plantee en serio mientras reclaman al Estado más dinero, sin que nadie se centre en lo fundamental: cómo y de dónde lo sacamos.
Antonio Ibáñez, periodista
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
