A las 16:45 del jueves 12 de marzo se inició la pesadilla. A esa hora, el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció en una rueda de prensa urgente que había declarado la guerra al coronavirus en la Comunidad y que, por ese motivo, se veía obligado a poner en marcha las primeras medidas drásticas a partir del lunes 16: Cierre de centros educativos desde los cero años y hasta el último año de universidad, clausura de residencias de estudiantes públicas, de centros de FP y mayores, y museos o suspensión de cualquier actividad deportiva.
Aragón amaneció el jueves 12 con quince nuevos casos en un solo día -65 en total- y seis fallecidos. En España se llegaba a los 3.140 contagios de COVID-19 y a los 86 muertos. Se dispararon todas las alarmas. Ya no eran las imágenes lejanas de China, ni tan siquiera las de una Italia sellada y sumida en la desesperación. El tsunami del coronavirus se hacía cada vez más potente y amenazaba con extender su muerte a todo el país, incluido Aragón. Ese día se cancelaron conciertos, se cerraron teatros. Decenas de ciudadanos se agolparon a primera hora del jueves y del viernes a las puertas de los supermercados a la búsqueda de productos de primera necesidad, principalmente papel higiénico. El Ayuntamiento de Zaragoza también aprobó las primeras restricciones. El Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde el sábado un real decreto que declaraba, por primera vez en 40 años, el estado de alarma en todo el territorio.
En ese contexto de fuerte convulsión y de incertidumbre, Lambán convocó a primera hora de la tarde del jueves 12 a los responsables de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, así como a representantes de asociaciones municipales para anunciarles que la guerra había comenzado y que todos debían tomar medidas drásticas frente a lo que se avecinaba.
Desde el primer día de esta crisis sanitaria, el Gobierno de Aragón ha constituido una comisión de seguimiento presidida por el propio Lambán y de la que forman parte todos los miembros del Gabinete. También es miembro de la misma el todopoderoso secretario general de la Presidencia, Julio Tejedor, nexo de unión entre el Gobierno y la Administración autonómica. A este gabinete de crisis se suman igualmente los directores generales cuyos departamentos están directamente afectados, como es el caso del director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, considerado como el Fernando Simón del Gobierno de Aragón.
Falo ha protagonizado la mayoría de las ruedas de prensa convocadas hasta ahora para informar sobre la evolución del coronavirus. Cada día, a media mañana, se celebra en el Pignatelli una rueda de prensa para informar sobre los últimos datos de la crisis sanitaria. Siguiendo las directrices marcadas desde el Ministerio de Sanidad, las conferencias de prensa no son presenciales, sino que los periodistas envían sus preguntas por WhatsApp al Departamento de Prensa, que las canaliza a los consejeros que comparecen.
El Gabinete de crisis celebra encuentros diarios a las nueve de la mañana en donde se hace balance del día anterior, se analiza la situación y se deciden las actuaciones a realizar. Sus reuniones no suelen durar más de una hora, aunque al principio de la crisis solían dilatarse en el tiempo dada la complejidad de organizar todo el dispositivo necesario. El contacto de Lambán con los responsables sanitarios está siendo permanente desde que surgió el primer caso de contagio en España.
La Aljafería, cerrada al público
La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón acordaron mantener la actividad parlamentaria “imprescindible”. Esta medida, aprobada por la Comisión de Seguimiento creada por la institución, forma parte del operativo puesto en marcha el jueves 12 de marzo, y que supuso la celebración de un pleno histórico en el que se pudo ver un hemiciclo semivacío para evitar posibles contagios de los diputados.
Entre otras medidas extraordinarias puestas en marcha por las Cortes, también figura la suspensión de todos los asuntos parlamentarios en trámite y la posibilidad de convocar plenos o comisiones en formatos reducidos (de Diputación Permanente y Ponencia, respectivamente), incluso con la opción de realizarlas a través de “videoconferencia u otros mecanismos no presenciales, si resulta preciso”.
Se incluye igualmente el cierre del recinto al público y la reducción al mínimo imprescindible de la plantilla de trabajadores de cada departamento dentro del propio edificio. No obstante, las Cortes mantienen su actividad a través de teletrabajo. Se ha cerrado por completo los servicios de cafetería y comedor.
