Muchas familias se ven abocadas a acudir a la sanidad privada ante las pocas plazas públicas. Aragón es de las pocas autonomías que no reintegra los gastos de asistencia en centro privados
La pandemia del coronavirus está causando auténticos estragos en la lista de espera para ingresar en la Unidad de Trastorno de la Personalidad del Hospital Provincial de Zaragoza. El tiempo de espera de ingreso está llegando a los nueve meses consecuencia de que la unidad cerró al inicio de la pandemia y en los últimos meses está funcionando a medio gas.
El retraso acumulado en la espera y el hecho de que esta unidad dispone únicamente de seis plazas asistenciales para toda la comunidad para tratar esta patología están obligando a muchas familias de pacientes a acudir a centros privados y a pagar de su bolsillo la asistencia, ya que Aragón es de la pocas comunidades que no reintegra los gastos sanitarios. En idéntica situación se encuentran los jóvenes con Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA)- anorexia y bulimia- que también son atendidos en esa unidad monográfica.
Unidad pionera
La Unidad de Trastorno de Personalidad, cuya creación en 2004 fue pionera en todo el país, soporta en la actualidad una notable escasez de infraestructuras y de personal. Pese a ser la única en todo Aragón que trata esta patología, dispone solo de seis plazas de hospitalización para una población de referencia de más de un millón de personas. Comparte espacio con los pacientes con Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Inicialmente, se ubicó en un edificio anexo al Hospital Provincial de Zaragoza, pero en 2012, coincidiendo con la crisis económica, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi aplicó la tijera para recortar gastos y creó una única unidad en la planta de Medicina Interna del Hospital de atención a los enfermos con trastornos graves de personalidad y a los que sufren problemas alimentarios. Una situación deficitaria que no ha sido subsanada por el Gobierno de Javier Lambán a pesar de que se ha disparado en los últimos años el número de enfermos que sufren alguna de las dos patologías. La falta de espacio ha obligado a utilizar los pasillos como gimnasio.
La lista de espera no ha parado de crecer en los últimos meses. Ante la escasez de plazas públicas, la unidad no da abasto y muchas familias de enfermos se han visto abocadas a acudir a centros privados costeando de su bolsillo el tratamiento. Aragón, junto a Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, es de las pocas comunidades autónomas que no reintegra a las familias los gastos sanitarios derivados de la asistencia en clínicas privadas.
Agravio comparativo
En una sugerencia relativa a Trastornos de Conducta Alimentaria –la situación es extrapolable a los Trastornos de Conducta o Personalidad- realizada por el Justicia de Aragón en noviembre de 2018, Ángel Dolado constata la existencia de “un agravio comparativo” entre Aragón y la mayoría de autonomías. “En Aragón, todos los alumnos pagan el Seguro Escolar obligatorio desde 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Pero cuando un joven aragonés escolarizado cae en un proceso de Trastorno de la Conducta Alimentaria no solo no recibe la prestación en condiciones, sino que también se le recorta el derecho a la libre elección del centro médico que lo atenderá en esta enfermedad tan compleja”.
El Justicia recuerda que en País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla León los alumnos pagan el Seguro Escolar obligatorio y “disfrutan de una cobertura sanitaria plena que incluye el tratamiento en régimen de internamiento, Hospital de Día o seguimiento ambulatorio en los centros de salud públicos o privados que los pacientes o sus padres consideren oportunos“. En Aragón, “como consecuencia de este trato discriminatorio”, muchísimas familias se ven en la obligación de “tener que hacer un enorme esfuerzo y asumir de su bolsillo todos los costes sanitarios y de hospitalización”.
La Asociación El Volcán, que integra a familiares de personas con trastornos de la personalidad, y la delegación en Aragón de la Asociación de Familiares de Adolescentes con Trastorno Alimentario y/o Conducta (ASFATAC) han denunciado la falta de medios y de personal de la Unidad del hospital zaragozano. Estiman que los trastornos de personalidad constituyen una patología que está presente entre un 10% y un 15% de la población adulta y dentro del área de las enfermedades mentales alcanza al 3% de la población.
El trabajo de El Volcán está dirigido a dar soporte a las familias, ayudando a comprender en qué consiste el trastorno, reduciendo los riesgos de conflictividad familiar, dado que algunas de las quejas principales son la falta de información acerca del trastorno, falta de pautas de actuación y la incertidumbre que todo ello genera.
El caso de Cataluña
Cataluña no tiene transferidas las competencias de gestión del seguro escolar, por lo que es el Gobierno Central el encargado de la concesión de estas ayudas. Fuentes de ASFATAC en Cataluña afirman que hasta la fecha, en la mayoría de los casos, el INSS (organismo encargado de la gestión del seguro escolar) concede la prestación para el tratamiento de los Trastornos de Conducta y Trastornos de Conducta Alimentaria. Desde hace algunos meses, la Generalitat está trabajando en un Plan de Salud Mental para Casos de Alta Complejidad (PAICSAMAEC), en el que participan más de 100 entidades, profesionales y personal de la Administración Pública, para diseñar un sistema que pueda dar una atención integral y adecuada a las personas con este tipo de patología. La aprobación de este plan está prevista para el próximo mes.
