Ha sido hablar de las cosas del bolsillo, de la financiación autonómica, y reaparecer de nuevo el enfrentamiento y el listado de agravios en esta España dual. Los barones de PSOE y PP han empezado ya a moverse en función de los intereses de sus territorios, pasándose por el arco de triunfo las consignas de Génova y Ferraz. Por primera vez, es un duelo entre territorios, al margen de lo que digan los partidos. Es un pulso entre la España populosa, rica y dinámica y la España interior, vaciada, pobre y envejecida. Los territorios más poblados piden un reparto que prime el número de habitantes. Las zonas, como Aragón, con una demografía más envejecida y dispersa reclaman que se les compense el mayor coste que pagan por la prestación de servicios públicos.
Es la misma reivindicación de siempre. Desde que la Constitución del 78 alumbró un Estado de las autonomías frágil en lo que respecta a la financiación. Creó un sistema territorial descentralizado y moderno, pero fue incapaz de cerrar un agujero negro de desigualdades e infrafinanciación que ha ido creciendo conforme el modelo financiero puesto en práctica por los Gobiernos de PP y PSOE de turno se volvía insolidario y se ajustaba a las demandas egoístas del nacionalismo vasco y catalán para garantizarse su continuidad en el poder. La pandemia ha destapado los enormes problemas financieros de las autonomías en la prestación de servicios esenciales a sus ciudadanos, como es la atención sanitaria, la educación y el cuidado de los mayores.
Con la pandemia en retirada, ha vuelto a la actualidad el diseño de un modelo de financiación, un tema espinoso y como tal eternamente aplazado. De hecho, el actual modelo está agotado desde 2014. Hace algunas semanas, en una jornada sobre federalismo celebrada en Zaragoza, varios expertos en Derecho Constitucional insistieron en la necesidad de aprobar cuanto antes el nuevo modelo económico y reivindicaron que éste sea justo, equilibrado, solidario y transparente. ¿Será posible 43 años después?
