Debate de la comunidad, presupuestos y siete futuras leyes ponen a prueba la solidez del Gobierno de Lambán

Artículo publicado en el Diario.es Aragón

El Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, va a poder demostrar en los próximos tres meses cuál es el grado de solidez del cuatripartito, formado por PSOE, PAR, Podemos y Chunta Aragonesista, después de que en las últimas semanas se hayan dejado ver algunas grietas internas en temas relacionados con la unión de estaciones de esquí, la política hidráulica y la creación de una empresa pública de energía.

En la agenda parlamentaria del próximo trimestre hay marcados en rojo el debate de la comunidad, la aprobación de los presupuestos de 2022 y el debate de siete futuras leyes que actualmente se encuentran en tramitación, -algunas tan importantes como la que sustituirá al polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), la ley de Economía social y la financiación municipal-. Son asuntos que, además de poner a prueba la unidad de los partidos coaligados en el Gobierno, van a suponer para las fuerzas políticas la casilla de salida de la carrera electoral de las autonómicas de mayo de 2023.

La aprobación de las cuentas de 2022, las más importantes de la legislatura puesto que marcarán con claridad las prioridades del Ejecutivo de Lambán, constituye la gran prueba de fuego del estado de salud del cuatripartito. Lambán aseguró a finales de agosto que se estaba trabajando ya en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 y se mostró confiado en poder presentarlo en las Cortes antes de “lo habitual”.

El cuatripartito no ha aprobado todavía el límite de gasto de las cuentas del próximo año, un trámite que es imprescindible y que es previo a la aprobación inicial del presupuesto por parte del Gobierno

El presidente aragonés no quiso aventurarse en concretar fechas, pero lo cierto es que desde ese anuncio ha pasado ya un mes y el cuatripartito no ha aprobado todavía el límite de gasto de las cuentas del próximo año, un trámite que es imprescindible y que es previo a la aprobación inicial del presupuesto por parte del Gobierno. (El pasado año, el Gobierno aprobó el techo de gasto a principios de noviembre). Se especula como probable que el presupuesto pueda llegar a las Cortes a finales de octubre, aunque la fecha de aprobación va a estar estrechamente ligada al proceso de elaboración de los presupuestos del Estado, que ha entrado ya en su recta final y que atraviesa por serias dificultades como consecuencia de las presiones de Podemos y de la situación de Cataluña.

Si finalmente el camino se despeja en Madrid, lo lógico es que la tramitación de las cuentas aragonesas arranque inmediatamente después del debate sobre política general que, según todas las fuentes consultadas, podría celebrarse en la segunda quincena de octubre, dependerá del estado de salud de Lambán, que todavía se somete a tratamiento por el cáncer de colon que padece.

Tras la pandemia, se abre una nueva etapa

El debate de la comunidad va a ser la otra prueba de fuego a la que se someterá el Gobierno de Lambán y en la que se podrá calibrar el desgaste del Ejecutivo después de más de dos años luchando contra la pandemia del coronavirus.

La legislatura ha superado ya el ecuador y todo indica que se abre una nueva etapa de más tensiones internas en la coalición, en la que Podemos se propone ser más ambicioso en sus propuestas, en palabras de la líder podemita, Maru Díez. La formación morada pretende marcar distancias con un PSOE con el que comparte un sector del electorado y que en los últimos dos años ha monopolizado el protagonismo en el Gobierno. Podemos teme seguir siendo irrelevante con el consiguiente coste electoral.

Por ahora es una incógnita cómo se va a materializar el deseo podemita de ser más ambicioso. Es previsible que se visualice en el debate de la comunidad o en la tramitación parlamentaria de algunos proyectos, como la ley de creación de un instrumento recaudatorio que sustituirá al polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, un asunto que Podemos mostró especial beligerancia en la pasada legislatura.