Huesca acogerá los días 21 y 22 de octubre el Congreso sobre Control Interno Local, que organizan la Diputación de Huesca y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Es una magnífica oportunidad para poner el foco en la realidad cotidiana en la que se desarrolla gestión económico-financiera de los municipios; en especial, de los más pequeños que, en Aragón, son la mayoría. Basta un dato para percibir la complejidad de nuestro territorio con más de 700 municipios, con escasa población y dispersos: el 97 % de nuestras entidades locales solo agrupa el 24% de la población. Y en el otro extremo, el municipio de mayor población, Zaragoza, reúne al 50,96 % de la población de Aragón.
Esta realidad geográfica y poblacional implica una mayor dificultad y coste a la hora de prestar los servicios públicos y también condiciona que las administraciones municipales puedan disponer de manera estable de los profesionales que necesitan para la gestión y control de los recursos presupuestarios que administran. Los ciudadanos del medio rural también tienen derecho a una buena administración, a una gestión adecuada, legal y eficiente, de los servicios que les prestan las administraciones más cercanas que, aunque resultan menos tangibles que otros de manifestación cotidiana como los relacionados con la sanidad o la educación, son indispensables para mantener la vida de nuestros territorios. De ahí que debamos cuidar los servicios que prestan las pequeñas entidades que actúan en el ámbito local y dotarlas de buenos profesionales para que, entre otras manifestaciones, dispongan de medios para el ejercicio del control interno de su actividad económica.
Existe una clamorosa falta de medios personales y materiales para desarrollar con solvencia las funciones de gestión y, especialmente, las propias de los puestos de secretaria e intervención, en los que descansa la responsabilidad de controlar la actividad municipal.
La fiscalización del sector local que realizamos en la Cámara de Cuentas de Aragón nos revela que, más allá de las incidencias puntuales en la gestión en áreas de contratación, personal, tesorería y contabilidad, principalmente, existe una clamorosa falta de medios personales y materiales para desarrollar con solvencia las funciones de gestión y, especialmente, las propias de los puestos de secretaria e intervención, en los que descansa la responsabilidad de controlar la actividad municipal.
Es innegable la dificultad para cubrir los puestos de secretarios e interventores en cientos de localidades de nuestra Comunidad Autónoma, algunas de tamaño considerable. En Teruel, por ejemplo, únicamente 23 entidades locales están atendidas por secretarios, interventores o tesoreros que disponen de la habilitación de carácter nacional que se requiere para desempeñar estos puestos, mientras que en 183 casos esta función la ejerce personal interino, en 21, la realizan empleados de la propia corporación que no son de esta especialidad en virtud de un nombramiento accidental y en 9, no existe constancia del título con el que están ejerciendo.
Es necesario que los órganos que tienen atribuida la función de dar asistencia y cooperación a las entidades locales aragonesas, que son las diputaciones provinciales y el Gobierno de Aragón, incrementen los recursos destinados a las pequeñas entidades locales
Esta inestabilidad afecta a la calidad del control interno y por extensión al derecho a una buena administración, y para evitarlo es necesario que los órganos que tienen atribuida la función de dar asistencia y cooperación a las entidades locales aragonesas, que son las diputaciones provinciales y el Gobierno de Aragón, incrementen los recursos destinados a las pequeñas entidades locales. Es necesaria una labor proactiva, no solo de reacción y asistencia para apagar fuegos, sino preventiva, para garantizar la cobertura de los puestos y para dar formación y acompañamiento a los trabajadores que los ocupen, en la que nosotros, la Cámara de Cuentas, también tenemos una responsabilidad.
Entre todos, debemos procurar a las entidades locales la asistencia necesaria para que puedan enfrentar con garantías las dificultades técnicas que la gestión de los recursos económico-financieros y su control suponen y para que puedan rendir cuentas.
Lo deseable sería que las funciones de secretaría e interventor fueran desempeñadas por profesionales de habilitación nacional, que es lo previsto legalmente. Pero mientras ese momento llega, y lo veo lejano, se debería garantizar en todo caso que, cuando sean ejercidas por personal interino, este tenga la formación y el apoyo necesario.
No obstante, a pesar de las dificultades que tienen muchos de estos profesionales, bien sea por la falta de personal auxiliar de apoyo para satisfacer en tiempo y forma la obligación de remisión de información a las instituciones y órganos de control externo, o por una formación insuficiente, o bien sea por la inestabilidad del puesto que desempeñan, en Aragón existe un elevado nivel de rendición de cuentas de las entidades locales que valoramos por lo mucho que significa.
La rendición de cuentas en plazo constituye un deber básico para garantizar la transparencia en la gestión de la actividad económico-financiera
La rendición de cuentas en plazo constituye un deber básico para garantizar la transparencia en la gestión de la actividad económico-financiera de las mismas que posibilita conocer su situación financiera y patrimonial, los resultados de su actividad, la ejecución de su presupuesto y sus flujos de tesorería.
De nuestro informe del sector local 2019, se desprende que, en plazo, el 82% de las entidades locales cumplieron la obligación legal de presentar su cuenta general a la Cámara, un 12% más que en el ejercicio anterior, si bien, debido al estado de alarma, el plazo se amplió desde el límite habitual del 15 de octubre hasta el 22 de enero del ejercicio siguiente.
A 31 de marzo de 2021, solo el 6% de las entidades, principalmente entidades locales menores y ayuntamientos de población inferior a 500 habitantes, tenía pendiente la presentación de su cuenta general ante la Cámara, el porcentaje más bajo desde que la Institución comenzó a realizar esta fiscalización, en el año 2012.
La evolución, desde que existe la Cámara de Cuentas, es clara:
En 2010, solo el 35 % de las entidades locales aragonesas rendían sus cuentas en plazo.
En 2019, la rendición en plazo alcanzó un 85 % en Aragón situándose a nivel nacional en la segunda posición, sólo un punto por detrás de la Comunidad Valenciana que se situó la primera. Fuera de plazo, este nivel fue del 95%.
Desde esta satisfacción, estamos trabajando para alcanzar el 100% en el nivel de rendición en plazo.
En cuanto a la obligación de envío de información sobre contratación, el cumplimiento ha aumentado en los últimos años y en 2019, el 75 % de los ayuntamientos informaron sobre los contratos formalizados en dicho ejercicio, un porcentaje muy que, en todo caso, trabajaremos para que aumente.
La evolución que presentan estas magnitudes refleja el efecto de las medidas de racionalización y disciplina presupuestaria articuladas en Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que han mejorado la posición financiera de las entidades locales, aunque posiblemente a costa de soportar muchos sacrificios.
Un buen ejemplo de lo que decimos es que, para la contención de la deuda financiera, ha sido decisiva la obligación impuesta a los ayuntamientos de tener que destinar el superávit presupuestario a la amortización del endeudamiento, impidiéndoles financiar con este recurso nuevos gastos discrecionales.
A 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera del sector local aragonés ascendía a 1.028 millones, habiéndose reducido respecto al 2017 en 9 millones. En ese mismo periodo, la deuda financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón se incrementó en 260 millones respecto al ejercicio anterior hasta situarse en 8.813 millones de euros
A 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera del sector local aragonés ascendía a 1.028 millones, habiéndose reducido respecto al 2017 en 9 millones. En ese mismo periodo, la deuda financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón se incrementó en 260 millones respecto al ejercicio anterior hasta situarse en 8.813 millones de euros.
En conclusión, las cuentas de las entidades locales aragonesas, consideradas en su conjunto y en términos agregados, están saneadas: el resultado presupuestario ajustado del conjunto del sector local es positivo, el resultado presupuestario por habitante arroja superávit, el remanente de tesorería también es positivo, el balance de situación agregado presenta un fondo de rotación o maniobra positivo, la cuenta del resultado económico-patrimonial se ha obtenido ahorro en el agregado de entidades y el estado de flujos de efectivo es igualmente positivo
No podemos decir lo mismo, de la situación financiera en el sector público autonómico, mucho más delicada y con desequilibrios patrimoniales y tensiones financieras preocupantes, que limitan la correcta financiación de los servicios públicos que presta.
Aragón no se entendería sin sus pueblos y, por eso, la Cámara de Cuentas está obligada a llevar sus fiscalizaciones a estas administraciones pequeñas pero muy numerosas que, con frecuencia, representan el único servicio público a los ciudadanos del medio rural. Junto a esta obligación que está prevista en la ley de la Cámara, la institución tiene otra que no está recogida en la norma pero que cada vez sentimos más vinculante: apoyar al sector local en sus obligaciones de rendición de cuentas y de control interno, que exige a las entidades dotarse de medios para garantizar la correcta gestión de sus recursos, para que se ejerzan con la mayor calidad posible.
Para contribuir a que así sea, en julio firmamos un convenio de colaboración entre la Cámara de Cuentas de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Zaragoza, Huesca y Teruel y tenemos la voluntad de buscar vías de colaboración con las diputaciones provinciales y con la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para que todos los agentes que tenemos un papel en esta materia podamos remar en la misma dirección.
Alfonso Peña Ochoa
Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón
