Se calcula que entre 40.000 y 45.000 aragoneses hablan catalán habitualmente, mientras que los que utilizan el aragonés serían 10.000. Son meras especulaciones porque no hay ningún censo oficial de hablantes. La falta de datos oficiales es fiel reflejo de la situación de semiclandestinidad legal en la que se encuentran ambas lenguas minoritarias en Aragón que, a pesar de ser habladas mayoritariamente en el caso del catalán por la población que vive en el Aragón oriental, no aparecen en el Estatuto de Autonomía de 2007, como tampoco en la Ley de Lenguas vigente desde 2013.
Pese al olvido que padecen en las leyes, la realidad de ambas lenguas, la presión social y el deseo de conservar el rico patrimonio lingüístico de Aragón han hecho posible que su enseñanza haya ido en aumento desde que en 1994 los primeros 791 alumnos aragoneses iniciaron sus clases de catalán. En el caso del aragonés, que lucha por sobrevivir, no llegó a las escuelas hasta 1997 y lo hizo de forma muy precaria. Hoy, 4.589 alumnos de todas las enseñanzas estudian catalán y 1.223 asisten a clases de aragonés.
Diversidad lingüística
El asunto de la lengua ha sido a menudo motivo de una confrontación política que ha desembocado en sucesivas leyes de lenguas que han sucumbido a cada cambio de gobierno. Los filólogos están de acuerdo en que en Aragón se utilizan tres lenguas: el catalán en la franja que limita con Cataluña, el aragonés en los valles pirenaicos y zonas prepirenaicas y el castellano en toda la comunidad autónoma. Son tres realidades que muestran la diversidad lingüística de Aragón y que, a juicio de los expertos, deberían cuidarse dada su vulnerabilidad.
Sin embargo, los partidos políticos del centro derecha se han negado sistemáticamente a reconocer que en Aragón se hable catalán. Las posiciones respecto al tema de la lengua se han radicalizado con el resurgimiento del independentismo catalán. Los sectores más conservadores han echado mano de eufemismos como «modalidades lingüísticas» o la invención más sorprendente, «Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental», irónicamente bautizada por sus detractores como LAPAO, que es como aparece definido el catalán en la última Ley de Lenguas Aragonesa, aprobada en 2013 por el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi.
Javier Giralt, eminente lingüista de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua, certifica lo que es un secreto a voces: «El problema de la Ley de Lenguas es que no dice qué lenguas son las que hay en Aragón». Y agrega que el hecho de que el Estatuto de Aragón tampoco haga alusión expresamente al catalán y al aragonés constituye «una tradición» en todas las reformas que ha sufrido el texto desde 1982. “Primero se habló de modalidades, después se habló de lenguas y modalidades y en el Estatuto actual sigue hablándose de lenguas y modalidades, y no se dice qué lenguas”.
Gráfico sobre el estado de las lenguas de Aragón en el ámbito educativo. EL PERIÓDICO
El catalán y el aragonés siguen estando ausentes del Estatuto, una ausencia que provocó el voto en contra de Chunta Aragonesista durante la votación del texto aragonés en el Congreso de Diputados. El Gobierno del socialista Javier Lambán, coaligado solo con CHA en su primera legislatura, buscó enmendar la ausencia del catalán y el aragonés con la modificación en 2016 de la Ley de Patrimonio Cultural. Por primera vez, un texto legal aprobado mencionó expresamente el catalán y el aragonés.
Cooficialidad
“Si reconocemos que existen esas dos lenguas en Aragón, habría que hacer algo más, empezando por un reconocimiento oficial en el Estatuto”,sostiene Giralt. Sería necesario cambiar de nuevo el Estatuto. Sorprendentemente, esta cuestión no se ha tocado aprovechando la reforma exprés que ha suprimido los aforamientos de diputados y cargos públicos. La otra aspiración es la cooficialidad. Es un tema tabú. “Nunca se ha querido reconocer esa cooficialidad como el catalán en Cataluña o el vasco en el País Vasco”, señala el responsable de la Academia Aragonesa de la Lengua, institución creada hace un año, cuya función es “proteger y trabajar por las lenguas minoritarias de la comunidad”.
Una de las cuestiones más importantes que debe acometer la Academia es dotar al aragonés de una normativa propia y eso ha dificultado su introducción en las escuelas y en la universidad, a diferencia del catalán, que tiene su normativa desde principios del siglo XX. En estos momentos, se trabaja en determinar el vocabulario.
