Siete meses después de su reencuentro en el nido conyugal del Pignatelli, PP y Vox han consumado, sin esconderse y sin miedo al qué dirán, su matrimonio en el Gobierno de Aragón. Lo que comenzó como una unión de conveniencia, presidida por la desconfianza mutua y las reticencias de ambos cónyuges, ha terminado convirtiéndose en una apasionada relación con derecho a roce, revolcones incluidos y alguna que otra noche de sexo político desenfrenado.
Atrás quedaron los tiempos de los reproches, los portazos y las amenazas de divorcio. Jorge Azcón y Alejandro Nolasco han descubierto que se quieren mucho más de lo que estaban dispuestos a reconocer. Ya no necesitan guardar las apariencias. La luna de miel se extiende, además, mucho más allá de las paredes del Pignatelli. Su simbiosis parlamentaria ha alcanzado tal grado de perfección que resulta cada vez más complicado distinguir dónde termina el discurso del PP y dónde comienza el de Vox. No hay fisuras en sus votaciones en las Cortes y, por si quedaba alguna duda sobre la profundidad de su idilio, ahora también comparten iniciativas que hasta hace poco parecían patrimonio exclusivo de la extrema derecha.
La última prueba de ese amor singular es una proposición no de ley conjunta que PP y Vox respaldaron con su voto en el último pleno de las Cortes sobre la supuesta “saturación de los servicios públicos provocada por la inmigración masiva“. Un documento que merece ser leído con detenimiento, no tanto por sus propuestas como por lo que revela sobre la evolución ideológica del Gobierno aragonés.
La culpa siempre es del inmigrante
La iniciativa parte de un diagnóstico que cualquier ciudadano puede reconocer: centros de salud saturados, hospitales con listas de espera interminables, aulas masificadas, profesionales exhaustos y servicios públicos incapaces de responder adecuadamente a las necesidades de la población. Hasta ahí, nada que objetar. El problema comienza cuando PP y Vox deciden identificar al culpable. No son las insuficientes inversiones, la falta de planificación, las políticas de personal, la precariedad laboral o las decisiones adoptadas durante años por las administraciones responsables de gestionar esos servicios. No. Según la tesis que ambos partidos suscriben en la proposición no de ley, la responsabilidad recae directamente sobre la inmigración.
El texto sostiene que los españoles están siendo “expulsados” de la sanidad y la educación públicas por una “invasión inmigratoria que no tiene fin“. Incluso presenta la llegada de inmigrantes como la “estocada definitiva” a un sistema sanitario al borde del colapso.
La operación política es tan sencilla como eficaz: identificar un problema real, buscar un culpable vulnerable y ofrecer una explicación emocionalmente rentable. Si usted tarda nueve días en conseguir una cita médica, ya sabe contra quién dirigir su indignación. Si su hijo estudia en una clase masificada, también. El responsable no está necesariamente en el despacho de quien administra los recursos públicos, sino en el extranjero que acaba de llegar.
Y asunto resuelto.
La coartada perfecta para no rendir cuentas
Lo verdaderamente revelador de esta iniciativa es que la suscriba el PP, responsable desde 2023 de la gestión sanitaria y educativa en Aragón. Porque convendría recordar que quien gobierna no puede comportarse permanentemente como si estuviera en la oposición. Si faltan médicos, profesores, centros educativos o infraestructuras sanitarias, corresponde al Ejecutivo explicar qué ha hecho para resolver esas carencias y por qué sus políticas no han ofrecido los resultados esperados.
Resulta mucho más cómodo, naturalmente, atribuir los problemas a un fenómeno exterior que asumir las propias responsabilidades.
La inmigración, naturalmente, plantea necesidades adicionales de planificación y dotación de recursos allí donde aumenta la población. Negarlo sería absurdo. Pero una cosa es exigir que los servicios públicos se dimensionen adecuadamente y otra muy distinta presentar a quienes llegan de otros países como responsables colectivos de sus deficiencias. Por cierto, tampoco estaría de más incorporar a esa contabilidad el trabajo, las cotizaciones y los impuestos de la población inmigrante, además de su contribución a sectores económicos esenciales y al sostenimiento de una sociedad envejecida. Un balance que únicamente contabiliza gastos y omite aportaciones difícilmente puede presentarse como un análisis riguroso.
Durante mucho tiempo, el PP ha intentado mantener una calculada ambigüedad en su relación con Vox. Compartir gobiernos, presupuestos y responsabilidades sin asumir necesariamente todo el discurso ideológico de su socio. Una convivencia en la que cada uno procuraba conservar su propia habitación. Pero la proposición conjunta sobre inmigración y servicios públicos representa un salto cualitativo. Es evidente que Azcón ya no necesita disimular.
Conrad Blásquiz Herrero. Periodista político y editor de la web desde la Aljafería
