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Aragón, la aldea gala a salvo del descontrol jurídico por el fin del estado de alarma

Artículo publicado en elDiario.esAragón

Es Aragón la aldea gala de Astérix y Obélix que está a salvo del descontrol jurídico que invade a las comunidades autónomas por el inminente fin del estado de alarma?

El Gobierno de Javier Lambán asegura que la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, aprobada por las Cortes de Aragón con el voto en contra de PP y VOX, posibilita continuar con los confinamientos perimetrales provinciales, comarcales o municipales si finalmente termina el estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo.

O lo que es lo mismo: las únicas dos restricciones que el Gobierno aragonés no va a poder mantener son el confinamiento autonómico y el toque de queda, aunque sí va a poder cerrar las tres provincias si los números de contagios lo aconsejan. “Aragón es la única Comunidad que ha sido capaz de hacer una ley para tomar medidas con toda la seguridad jurídica”, ha subrayado Lambán. Las restantes autonomías se van a ver obligadas a someter las restricciones futuras a lo que decidan sus respectivos Tribunales de Justicia.

Amplia regulación

En poco más de 40 folios, la ley aragonesa, publicada en el BOE el pasado 23 de febrero, regula lo relacionado con los tres niveles de alerta sanitaria mientras dure la pandemia, las medidas higiénico-sanitarias en establecimientos y actividades, aforos máximos permitidos, las reuniones sociales, distancia de seguridad interpersonal, el uso obligatorio de mascarillas, régimen de eventos multitudinarios, el régimen jurídico de los confinamientos y sanciones. Estas medidas seguirán vigentes a partir del domingo y su grado de aplicación dependerá de la situación sanitaria de los diferentes territorios de la Comunidad, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.

Cabe recordar que en estos momentos, Jaca y las Cinco Villas están confinadas, una situación de cierre perimetral que el Gobierno regional podría acordar en breve en otras zonas con datos preocupantes, como son Zaragoza, Calatayud, Barbastro, Monzón y la comarca de Valdejalón.

La ley advierte en su preámbulo que en la actual situación de crisis sanitaria, “la inseguridad jurídica cuesta vidas”. Por ello, el Gobierno entiende que es su responsabilidad “sin perjuicio de la plena operatividad de los controles constitucionales, parlamentarios y judiciales” dotar al ordenamiento aragonés de la máxima certeza, previsibilidad y seguridad al objeto de que las respuestas a la crisis sean “eficaces, seguras e inmediatas”. Aclara, que, a su juicio, la ley no choca frontalmente contra derechos constitucionales reservados a la ley estatal de Sanidad al tratarse de “modulaciones provisionales”. 

Asunto más polémico: cierres perimetrales

La ley aragonesa estará en vigor hasta que el Gobierno de España declare el fin de la pandemia y considera ámbitos territoriales para la aplicación de las alertas sanitarias y los confinamientos perimetrales las zonas básicas de salud, sectores sanitarios, distritos, barrios rurales, municipios comarcas y provincias. El Título III hace referencia al régimen jurídico del confinamiento perimetral durante la pandemia, el asunto más polémico cuando acabe el estado de alarma. Así, el artículo 34 establece la figura jurídica del “Ministerio de ley”, algo así como “por imperativo legal”, que posibilitaría al Gobierno aragonés la potestad legal de declarar el confinamiento perimetral de aquellos territorios de más de 100.000 habitantes con elevadas cifras de contagios.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha recordado que “la ley nos permite, mediante decretos ratificados por las Cortes, hacer estos confinamientos” perimetrales. 

La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha reclamado “certidumbre” al Ejecutivo autonómico y ha atacado la postura del Gobierno central: “Ante una situación aún claramente de pandemia, el Gobierno de Sánchez una vez más se desentiende y deja en manos de las comunidades tomar estas decisiones sin ningún tipo de herramienta jurídica”.

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