Llevamos todo un verano escuchando o leyendo estas dos palabras del titular, destinadas a marcar estrategias de actuación en el ámbito deportivo.
Ante el nuevo curso político que tenemos por delante quizá deberíamos retomar esta dupla de sustantivos, dadas las necesidades y las demandas políticas, para un aspecto clave como es la financiación aragonesa y la de nuestros ayuntamientos.
Sin los recursos económicos suficientes para impulsar los distintos planes de gobierno estamos abocados a no poder llevar a cabo las políticas esenciales imprescindibles. Generando más y más sentimiento de frustración en la sociedad, tan peligroso para unas democracias muy castigadas en toda Europa por los diferentes populismos del todo el espectro político, cuya mayor fuente de alimentación es, sin duda, el descontento ante las reiteradas y graves crisis económicas que estamos padeciendo.
La Cámara de Cuentas de Aragón, en su función estatutaria asignada como órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público aragonés, realizó y presentó, en este mismo año, un amplio y rigurosos informe, donde expuso toda una serie de cifras en las que se demuestra como con el actual sistema de financiación, vigente desde 2009 y sin visos de renovación en esta legislatura, tenemos una profunda carencia, valorada en hasta un 20%, a la hora de cubrir el coste total de los servicios públicos esenciales prestados desde Aragón, como la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Visto desde otro punto de vista, este problema de falta de recursos supuso una carencia de hasta 500 euros “por habitante ajustado” (variable que refleja la necesidad de gasto tras ponderar el número de habitantes según diversos factores demográficos y geográficos), durante el periodo comprendido entre los años 2014 al 2019. Es decir, unos 700 millones de euros anuales de menos, no disponibles, en Aragón para poder ejercer nuestras políticas con un grado mayor de equidad y justicia social.
Por este motivo, tenemos que detraer, año a año, fondos públicos, que podrían ir destinados a otras políticas para poder atender todas estas carencias, ya casi cuasi-estructurales. Nos referimos a proyectos igualmente vitales para nuestro futuro, como el apoyo al tejido productivo aragonés, el que crea empleo y fija población en el territorio, o al impulso de nuestras infraestructuras, sin olvidar las imprescindibles actuaciones de prevención y conservación de nuestro medio natural, tan afectado, lamentablemente, por los incendios en este verano. Son solamente tres ejemplos relevantes de todo lo que se va quedando relegados de la prioridad de la “agenda política”, precisamente por esa falta de financiación adecuada para nuestros servicios esenciales.
Los recortes en el gasto público y el aumento del endeudamiento son dos de los recursos a utilizar para paliar este problema, pero no van directamente a la raíz de la solución del mismo: la necesaria reforma del sistema de financiación vigente, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que sentó las bases del sistema actualmente en vigor.
Debemos lograr que este cambio sea urgente y se lleve a cabo con unos nuevos criterios donde se avance hacia un mayor peso de la superficie, la dispersión y la población envejecida para su cálculo, dado el mayor coste económico que tiene prestar en Aragón los servicios públicos con nuestras condiciones diferenciales. Es necesario hacer cumplir lo dispuesto en nuestro actual Estatuto sobre financiación, con acuerdos bilaterales con el Estado, y reclamar con todo lo aprobado en el dictamen de las Cortes de Aragón sobre la “deuda histórica”, aprobado en la anterior legislatura.
Igualmente pendiente está la reforma del sistema de financiación local, contextualizada en una reordenación competencial y financiera para el conjunto del sector público. Este cambio de la financiación local está siempre en un segundo plano, alejado del “foco mediático”, pero el ámbito competencial de los ayuntamientos es mucho mayor ahora que hace unos años, como consecuencia de la adaptación de la administración más cercana a las necesidades de la sociedad, por lo que esta reforma local es necesaria para afrontar, conjuntamente, la transformación digital, el cuidado ambiental y las políticas inclusivas que reclama el futuro de Aragón.
Por todos estos motivos, es necesaria la sinergia estratégica de todas las fuerzas políticas aragonesas, cuyo efecto sea superior a la simple suma de cada una de ellas, para conseguir que el Gobierno de España atienda ya estos dos acuciantes cambios en nuestro sistema de financiación.
De lograrse, serían dos auténticas palancas para garantizar unos mejores y más eficientes servicios públicos , tanto en los ayuntamientos aragoneses, como en los prestados por el propio Gobierno de Aragón. Nos permitiría avanzar en la descentralización del poder político, dado que no sería necesario seguir esperando y/o recurriendo, al menos de manera tan habitual, a las decisiones graciosas de los correspondientes gobiernos de España para poder ejercer adecuadamente nuestras competencias.
La responsabilidad, los aciertos y los errores, de las decisiones de nuestros gobiernos serían por tanto mucho más nuestras, dado que tendríamos ese mayor grado de libertad que supone un poder político con suficiencia económica. Sería avanzar en democracia y en aragonesismo, como idea de un gobierno desde aquí, con nuestra gente, para todas las personas.
