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El Gobierno de Aragón se mantiene en alerta ante la posibilidad de que Euskadi obtenga la gestión del régimen económico de la Seguridad Social como pago por el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la investidura de Pedro Sánchez. En el caso de que el Gobierno vasco logre el traspaso de esta importante competencia, el Ejecutivo de Javier Lambán reclamará también su gestión en el marco de las negociaciones sobre los traspasos todavía pendientes del Estatuto de Autonomía aprobado en 2007, según ha podido saber eldiario.es Aragón . Han trascurrido trece años desde la aprobación del texto estatutario y todavía hay un paquete de 22 competencias sin transferir a Aragón, la más importante y la que más polémica levanta es la que se refiere a la gestión de la Seguridad Social.
El artículo 77 del actual Estatuto de Autonomía establece que corresponde a Aragón la competencia ejecutiva en diferentes materias, como la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, Trabajo y relaciones laborales, incluyendo las políticas activas, o los aeropuertos con calificación de interés general, cuya gestión directa no se reserve el Estado. También se contempla en este artículo la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y los servicios que integran el sistema, “y en el marco del respeto al principio de unidad de caja”.
Esta última es una competencia prioritaria para el Gobierno vasco, que la ha reclamado en todos las negociaciones con el Estado. Hasta ahora, el Gobierno central se ha opuesto a su traspaso porque su ejecución conllevaría desigualdades entre las autonomías españolas. Está por ver si ahora está por la labor en el marco de las negociaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez y de Íñigo Urkullu han retomado este mes sobre los traspasos pendientes de 37 transferencias.
El traspaso de la gestión de la Seguridad Social, de enorme complejidad técnica, abriría la puerta al diseño de un sistema público vasco de pensiones, adaptado a la realidad social y demográfica de Euskadi y a la regionalización de las políticas activas de empleo y las subvenciones a la contratación. Cuestiones que generan fuerte polémica porque su traspaso podría romper la caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado mes de noviembre reconoce al País Vasco el derecho de la gestión de dichos fondos, aunque la sentencia aclara que no se pone en riesgo la caja única, ya que está garantizada por la Constitución. De esta forma, el País Vasco no podría decidir unilateralmente subir las pensiones o bajar las cotizaciones sociales. Las negociaciones se plantean en términos de rédito político, más que económicos, ya que su traspaso supondría un avance en la independencia financiera de Euskadi.
Aragón no quiere quedarse atrás
El presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció en su comparecencia en las Cortes del pasado 28 de enero que está dispuesto a exigir el cumplimiento del Estatuto de Autonomía para hacer realidad la agenda aragonesa de reivindicaciones en inversiones en infraestructuras, la nueva financiación autonómica y el traspaso de un paquete de 22 competencias que todavía están pendientes de llegar a Aragón, 13 años después de la última reforma estatutaria.
Entre estas competencias se encuentra, por ejemplo, el sistema penitenciario (Cataluña es la única que la tiene transferida desde finales de la década de los 80), policía autonómica propia (Aragón suscribió un acuerdo con el Estado por el que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía realizan labores de policía autonómica), ferrocarril de cercanías, regionales y otros que discurran íntegramente por el territorio aragonés; o Trabajo en materia de inmigración, además de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Algunas de estas competencias, como es el caso del sistema penitenciario, no serían en principio objeto de negociación entre Madrid y Zaragoza, ya que está considerada como una patata caliente que suele ser de enorme conflictividad social y laboral para el Estado, que es el que la gestiona hasta ahora. Hay otras que sí estarían en la órbita del Gobierno aragonés y que probablemente pondrá encima de la mesa en la próxima comisión bilateral DGA-Estado, que todavía no tiene fecha de celebración.
La última cumbre de estas características tuvo lugar en noviembre de 2018. En aquel encuentro se sentaron las bases para la constitución de un grupo de trabajo específico para el desarrollo del artículo 108 del Estatuto, que establece la firma de un acuerdo bilateral económico-financiero entre Aragón y el Estado, un acuerdo que “deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial”. Hoy, aquel acuerdo forma parte del largo listado de incumplimientos.
