Abrir una escuela o un centro sanitario en Aragón, que soporta una población muy envejecida y dispersa en un amplio territorio, resulta mucho más costoso para las arcas públicas que en cualquier comunidad autónoma densamente poblada del arco mediterráneo. El gasto en los servicios esenciales que presta la comunidad autónoma a los ciudadanos no ha parado de crecer con los sucesivos traspasos de competencias de las últimas cuatro décadas y el Estado no ha podido o no ha querido, dependiendo del momento político, implantar un modelo que garantice una financiación justa que atienda las singularidades propias de Aragón. 

La reclamación aragonesa se ha dado de bruces una y otra vez contra los diferentes modelos de financiación aprobados por el Gobierno central de turno, más sensible hasta ahora a las presiones nacionalistas de las comunidades más ricas y pobladas. Las Cortes de Aragón han abordado al menos en dos comisiones especiales de estudio posibles soluciones a los problemas de financiación de la hacienda autonómica. Las fórmulas para enjuagar la deuda pasan por reclamar al Estado una financiación que tenga en cuenta las especificidades aragonesas: el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, los desequilibrios territoriales y el esfuerzo fiscal de los aragoneses. 

El artículo 107 del Estatuto de Autonomía establece en el apartado 5 las especificidades de Aragón en materia económica: «Para determinar la financiación que dentro del sistema corresponde a la comunidad, se atenderá al esfuerzo fiscal, su estructura territorial y poblacional, especialmente, el envejecimiento, la dispersión, y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales». Estas singularidades que hace suyas el Estatuto, una ley orgánica de obligado cumplimiento, no son atendidas en el modelo actual, que caducó en 2014 y que sigue vivo por la falta de acuerdo político. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez, niega que se haya incumplido el Estatuto en materia de financiación. Otra cosa es, matiza, el modelo de financiación que «está agotado» desde 2014. 

Lo cierto es que no se ha suscrito el convenio bilateral económico-financiero entre Aragón y el Estado que establece el artículo 108 del texto estatutario, y la comisión mixta de asuntos económicos-financieros Estado-Comunidad, un órgano clave para consensuar los temas económicos entre ambas administraciones, y que, según el artículo 109, se debía encargar del seguimiento del cumplimiento del acuerdo bilateral ha celebrado una única reunión formal. Anadón subraya que «nunca como ahora ha habido una relación tan fluida con el Gobierno central».

Tampoco se ha atendido la disposición adicional tercera del Estatuto, que con una redacción que admite diversas lecturas abriría la puerta a la implantación en Aragón de un sistema foral en virtud de los derechos que corresponden a la comunidad por su historia.

El criterio poblacional supone a día de hoy el 97%

Un informe del Justicia de Aragón advirtió que en el sistema de financiación vigente en la actualidad el criterio poblacional tiene muchísimo peso. Supone el 97% del reparto del fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, el más importante del sistema ya que financia en condiciones de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales.

 Este fondo beneficia claramente a las autonomías más pobladas como Cataluña o Andalucía. Según el informe del Justicia, sólo se destina el 8,5% del fondo atendiendo al criterio de envejecimiento de la población. La superficie supone apenas el 1,8% del reparto del dinero y la dispersión de la población, un mísero 0,6%. 

«Poco transparente e insatisfactorio»

La última comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón que diseccionó el sistema de financiación autonómica se celebró la pasada legislatura. Los trabajos de la comisión duraron poco más de un año y en la misma comparecieron expertos en la materia, como los profesores Alain Cuenca y Julio López Laborda. Las conclusiones del dictamen, que se aprobó el 14 de mayo de 2018 por el pleno de la Cámara autonómica, constataron que el sistema de financiación vigente desde 2009, «además de complejo y poco transparente, se ha demostrado insatisfactorio para el conjunto de las comunidades autónomas y, en especial, para Aragón». 

La comisión especial incidió igualmente en lo que ya había advertido el Justicia en un informe de 2009: «No se han ponderado suficientemente las singularidades de nuestra comunidad que recuerda el Estatuto de Autonomía, y la consecuencia ha sido abundar mucho en la población y poco en la superficie, densidad, dispersión poblacional, variables que condicionan la prestación de servicios en nuestro extenso territorio».

La última propuesta de Madrid beneficia a Aragón

Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada concluye que en la propuesta de modelo de financiación que el Gobierno central remitió a las autonomías en 2021 Aragón y Extremadura serían las dos comunidades autónomas más beneficiadas en el reparto del dinero. 

El documento de 240 páginas, elaborado por un grupo de expertos, incluye por primera vez el concepto de población ajustada, incorporaría partidas específicas para zonas despobladas y tendría en cuenta el mayor coste de los servicios públicos en áreas dispersas o con baja densidad de población. 

Según los cálculos de Fedea, la propuesta de Hacienda aumentaría «muy apreciablemente» las necesidades de gasto de Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7%) y reduciría las de Canarias (-3%) y Galicia (-2,7%), Comunidad Valenciana (-1,7%), Cataluña (-1,58%), Madrid (-1,05%) y Andalucía (-0,54%). Junto con Extremadura y Aragón, también mejoran La Rioja (+5,41%), Cantabria (+4,51%), Murcia (+3,28%), Castilla- La Mancha (+3,14%), Asturias (+2,72%), Castilla y León (+2,54%) y Baleares (+2%).

Artículo publicado en El Periódico de Aragón