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Hablamos de reparto pero no concretamos qué repartimos

La Cámara de Cuentas confirma que Aragón percibe menos de lo que necesita del Estado, pero también que recaudamos menos

Esta semana se ha vuelto a constatar que existe en Aragón un amplio acuerdo político, social y mediático para reivindicar un sistema de financiación autonómica que corrija el déficit de recursos procedentes del Estado de aquellas comunidades que, como Aragón, sufren problemas demográficos. El debate de la financiación autonómica va a ocupar gran parte de la agenda política de este año. Una de las desigualdades en las que muchas veces no se repara es la geográfica, y es un reto fundamental del Gobierno corregir esas diferencias para hacer un país mucho más cohesionado.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que reunirse para sacar adelante un acuerdo que modifique el vigente, obsoleto desde hace ocho años, y las comunidades autónomas tienen desde hace más de un mes la propuesta del Ministerio de Hacienda. El documento pretende alcanzar posiciones que contenten a todos, y recoge bien las demandas del frente de ocho comunidades autónomas con poca población, dispersa y envejecida. Aunque es una prioridad política reformar este modelo, me surgen muchas dudas de que este pueda acometerse en lo poco que queda de legislatura. Con dos convocatorias electorales a la vista, (la inminente de Castilla y León y la que se realizará próximamente en Andalucía), con otros posibles adelantos electorales, con un ambiente político continuamente enrarecido, la gestión de los fondos europeos y otras reformas de calado que exigen también una elevada capacidad de negociación, no parece que haya muchos condicionantes positivos para que se pueda alcanzar un acuerdo equilibrado y justo.

La Cámara de Cuentas, ese órgano independiente y tan necesario en nuestra estructura institucional, ha elaborado otro riguroso informe, como es habitual en ella, en la que confirma ese desequilibrio en Aragón. A pesar de que el Estado transfiere una considerable cantidad de recursos, estos siguen estando por debajo de las necesidades. Casi 450 euros menos por aragonés. Unos 2.500 euros por habitante y año y para adecuarse a la prestación de servicios que se percibe esta cifra debería superar los 2.800. Eso sí, el sistema es injusto para prácticamente todos los ciudadanos del Estado. Per cápita, todos estamos infradotados a pesar de que el Estado distribuye más de 124.000 millones de euros en total por la cesión de parte de los ingresos de determinados tributos. Queremos un sistema perfecto, pero es tremendamente caro. Y ahí reside el problema.

He insistido muchas veces en que el debate se centra siempre en los criterios de reparto, pero el verdadero problema es cómo incrementar unos recursos que son limitados y que proceden en su mayor parte de los impuestos indirectos, aquellos que afectan por igual a todos los ciudadanos independientemente de su nivel de ingresos y de renta. Por el precio de la barra de pan, por el vermú de los domingos o por llenar el depósito de gasolina.

Dentro de este debate, la Cámara de Cuentas advirtió que Aragón dejó de ingresar casi 200 millones por la reforma del Impuesto de Sucesiones que aprobó el PSOE con Ciudadanos (al margen de sus socios de izquierdas) y que solo benefició al 3% de los ciudadanos aragoneses con rentas y patrimonios millonarios. Se reformó un impuesto cuya merma incidió negativamente en las arcas públicas y que tan solo benefició a una contada minoría a la que el ahorro, por otro lado, tampoco le supuso gran cosa. No parece un buen negocio. Por contra, otro dato interesante en el que incide el ente fiscalizador es que por las modificaciones en el IRPF apenas se recaudó una cifra adicional insignificante. 50 millones sobre un total de unos 3.000.

Está muy bien la unanimidad para pedir al Estado que ceda más recursos. Que están muy bien los frentes comunes y las firmas solemnes. Tampoco estaría mal reflexionar que, con recursos limitados, a veces hay que tomar decisiones políticamente incómodas pero que inciden sobre el verdadero problema. Falta dinero para prestar los servicios que merecemos. Y ese dinero hay que sacarlo de algún lado. Ahí está el desafío.

Antonio Ibáñez, periodista

Artículo publicado en El Periódico de Aragón

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