Se cumplen catorce años desde que Aragón asumió la gestión de la Administración de Justicia, lo que en la práctica supone que el Gobierno autonómico tiene competencias sobre los funcionarios y las infraestructuras judiciales. El Ministerio de Justicia, por su parte, sigue encargándose de abonar las nóminas de jueces y secretarios judiciales.
Existe coincidencia en todos los actores judiciales consultados al afirmar que el salto en inversiones en medios materiales e inmuebles y en modernización tecnológica de la Administración de Justicia ha sido espectacular en este tiempo, lo que se ha plasmado en mayor rapidez en la tramitación de los litigios y en la mejor atención al ciudadano. “Hemos pasado de la Edad de Piedra al siglo XXI”, asegura de forma gráfica la directora general Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez.
Ella ha vivido, más bien sufrido, en primera persona las penurias de una Justicia obsoleta en su organización interna y con una alarmante falta de medios materiales. “Cuando empecé en el 81 en Cariñena como secretaria judicial, la fotocopia era un invento que no existía. La gente te pedía una partida de nacimiento literal. Cogías el libro y empezabas a escribir en la máquina de escribir. Transcribías una sentencia con papel de calco y cebolla para sacar las cinco copias. No se podía hacer de otra manera. Había bolígrafos, lapiceros, papel de calco y de cebolla y una vieja máquina de escribir. Hasta las cintas de la máquina de escribir tenían que durar un mes. Había edificios cayéndose a pedazos, cristales sujetos con plásticos… Era una sensación de haber ido a la guerra y haberla perdido”, comenta.
El año de la Expo
El Estatuto de Autonomía de 2007 dedica el título IV de forma íntegra a la Administración de Justicia en Aragón. El artículo 67 establece que «corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia sobre todo el personal al servicio de la Administración de Justicia que no integre el Poder Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia en Aragón». Sin embargo, el traspaso de la competencia a Aragón no se hizo efectivo hasta un año después de la aprobación del texto estatutario, el 1 de enero de 2008, el año mágico de la Exposición Internacional de Zaragoza.
El entonces secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, y el exvicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel Rivera, acordaron el traspaso con un coste efectivo cercano a 50 millones de euros, y la entrega por una sola vez de 5 millones de euros en inversión. El compromiso contempló la creación de tres nuevos Juzgados en Zaragoza, en 2008 (un juzgado de Instrucción, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y otro de lo Penal). También se agregó la creación del Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 4 de Huesca. Otro compromiso del acuerdo fue la ejecución, por parte del Ministerio de Justicia, de las obras del edificio de los juzgados de Teruel.
Tras la asunción de las competencias, otro hito importante fue la rehabilitación de una parte de los antiguos pabellones de Expo de 2008 y su transformación en una moderna Ciudad de la Justicia de Zaragoza, similar a la de Barcelona y Valencia. Con una superficie de 65.000 metros cuadrados, concentra todos los juzgados que con anterioridad estaban repartidos en diferentes ubicaciones de la capital aragonesa. Trabajan 1.000 personas entre funcionarios, jueces, fiscales, letrados, servicios informáticos, seguridad, mantenimiento y limpieza y se calcula que entre 5.000 y 6.000 personas visitan diariamente las instalaciones, cuya remodelación costó 36 millones de euros.
“Es muy importante que el órgano decisor que atienda las necesidades esté aquí en Aragón y no en Madrid“, valora la directora general de Justicia. ¿Retos de futuro? “Nos faltan muchas cosas por hacer, aunque el primer reto se ha acometido en equipo, que es tener un expediente judicial electrónico“.
Teruel es ya la primera provincia española en digitalizar los registros civiles y en breve se empezarán a digitalizar los registros civiles de Zaragoza y Huesca. El objetivo es acabar el proceso en marzo de 2023 y que todos los municipios aragoneses tengan sus registros digitalizados. “Ese hecho va a ayudar a evitar la despoblación”, afirma. El otro gran objetivo por acometer es el nuevo modelo de oficina judicial, cuya ley se encuentra en tramitación en el Congreso, y que en la práctica va a suponer la implantación de un nuevo sistema organizativo de la Justicia. “Va a ser un cambio bastante más llevadero que del papel al expediente electrónico”, pronostica María Ángeles Júlvez.
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
