La rentabilidad social del dinero público debería basarse en informes rigurosos e independientes que demostraran su beneficio
Se veía venir que el reparto de los fondos europeos iba a desatar una nueva tormenta política. Durante dos años hemos oído hablar a diario de estos mecanismos de ayudas con nombres pomposos procedentes de la Unión que iban a suponer un relanzamiento de las economías nacionales y autonómicas. Hemos asistido a un sinfín de reuniones entre las administraciones y los supuestos beneficiarios y hemos oído de nuestros dirigentes la bondad de proyectos cuyos detalles seguimos desconociendo. Solo sabemos, eso sí, que en su gran mayoría –por la complejidad y magnitud de la propia naturaleza de estas ayudas– corresponden a grandes grupos empresariales que ven en estas ayudas el maná que perdieron tras la crisis de 2009 y el furor de hormigón y asfalto de los años previos. Hoy ya ningún político con criterio apuesta por construir aeropuertos por doquier, circuitos de carreras o autovías que no van a ningún lado, y eso daña a quienes hoy se van a beneficiar de esos suculentos fondos.
Hay otro paquete de ayudas europeas que ha provocado un terremoto político tras la intención del PP de llevarlo al Supremo, por considerar que el reparto discrimina a las administraciones que gobiernan. Isabel Díaz Ayuso, que es quien marca la estrategia dentro del partido mucho más que su propio líder Pablo Casado, ya ha recurrido; y el alcalde de Zaragoza y líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha anunciado que está estudiando hacer lo mismo porque los 30 millones que han llegado a Aragón beneficiarán mayoritariamente a proyectos destinados a la nieve, olvidando al resto de la comunidad. Claro que Zaragoza recibirá la mayor parte de fondos de movilidad y ahí Azcón no dice nada. La reacción del alcalde, dentro del terreno de la confrontación en el que tan cómodo se mueve, ha provocado que se soliviante el PSOE alto aragonés, y promete unos meses de polémica que rentabilizará bien Azcón como alcalde de la ciudad aunque se le puede volver en su contra en su condición de líder autonómico de su partido. Buscar el equilibrio entre la defensa de los intereses de su ciudad y que vaya en detrimento de los de una realidad tan diversa como es la comunidad será uno de sus principales desafíos.
Cierto es que estas ayudas están sometidas a rigurosos controles por parte de la Intervención General y de la oficina anticorrupción, porque por contra de lo que piensa la mayoría de la ciudadanía, existe una estricta fiscalización del dinero público. Pero no es menos cierto que este se escapa muchas veces de los criterios políticos que son, precisamente, arbitrarios. Y ahí es donde se deberían articular sistemas de vigilancia estrictos, una transparencia efectiva y una mayor intervención del Parlamento. Solo así se despejarán las dudas de unos miles de millones de ayudas que deben ser escrutados por organismos públicos y por empresas de auditoría y consultoras externas que ya se están frotando las manos ante la llegada de estas ayudas.
Los que critican esta campaña del PP (que en su estilo ya apela a los eres de Andalucía para sembrar ) aluden a los beneficios sociales de la llegada de este dinero. Y ahí es donde se abre otro debate que debería tenerse más en cuenta. Cada vez que se cuestiona un proyecto público por su impacto y la inversión pública que tiene, se alude a la rentabilidad social que genera ese gasto. Se habla, por ejemplo, de que Motorland –que es un pozo sin fondo de recursos públicos, como esta misma semana ha vuelto a advertir la Cámara de Cuentas– genera una actividad a su alrededor muy positiva en la zona. Lo mismo sucede con el esquí. Los cientos de millones que cuesta se justifican porque nos dicen que generan actividades en la zona con un retorno económico muy superior. Sin embargo, nunca nadie ha elaborado un informe riguroso e independiente que corrobore con datos esos supuestos beneficios. Y la realidad tozuda demuestra que, a pesar de los millones desembolsados y las pérdidas, el impacto no es el que se señala como una verdad absoluta. Sería muy útil, para despejar todas las dudas, que esas bondades se plasmaran en documentos bien elaborados y callar así las voces que cuestionan proyectos considerados estratégicos. Si alguien conoce alguno, que me lo pase, por favor.
Antonio Ibáñez, periodista
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
