En una de las fachadas laterales del Mercado Central de Zaragoza, una placa recuerda que en ese mismo lugar, escenario de ajusticiamientos de delincuentes y malhechores durante la Edad Media, fue decapitado el 20 de diciembre de 1591 el Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, por «defender los fueros y observancias, por reclamar las libertades y derechos, por enfrentarse a la Inquisición, por estar con el pueblo de Aragón». Esos fueron los delitos que llevaron a este joven de 27 años a morir ajusticiado, 89 días después de jurar su cargo, que heredó de su padre cuando éste falleció. Juan de Lanuza se enfrentó a Felipe II y eso le supuso ser condenado a muerte por orden personal del rey y sin juicio previo. Años más tarde, Felipe V (IV de Aragón) suprimió definitivamente en el Decreto de Nueva Planta de 1707 la figura del Justicia, los Fueros, así como el resto de las instituciones aragonesas.
La figura del Justicia de Aragón no se recuperó hasta dos siglos más tarde, con la aprobación en 1982 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Con el Estatuto, Aragón reinstauró sus cuatro instituciones básicas: las Cortes, el Presidente, el Gobierno o Diputación General y el Justicia. La misión de este último es la defensa de los derechos de la ciudadanía ante las actuaciones de las administraciones; la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del estatuto de autonomía. A diferencia del Justicia histórico, no juzga ni dicta sentencias, sino que dicta resoluciones que constituyen un deber de cumplimiento moral .
El primer Justicia de la etapa moderna fue Emilio Gastón, designado por las Cortes de Aragón en 1987 en un acto cargado de simbolismo en el Salón de Obispos del Palacio episcopal de Tarazona. Gastón juró el cargo ante la arqueta con los restos óseos de Juan de Lanuza. En ese Salón de Obispos, el 2 de diciembre de 1592, Felipe II refrendó con su firma las Cortes de Tarazona de 1592, que supusieron el final de la concepción del Justicia como contrapoder al rey. Con la designación de Gastón, quedó restaurada esta institución, 395 años después. En 1993 fue elegido Juan Bautista Montserrat, quien ejerció hasta 1998, y fue sucedido por Fernando García Vicente hasta abril de 2018, momento en que las Cortes de Aragón eligieron al actual Justicia, Ángel Dolado.
Defensor del Derecho Aragonés y del Estatuto
Las funciones de tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la de defensa del estatuto de autonomía son las dos que configuran al Justicia de Aragón como una institución singular y con un perfil muy característico. El ordenamiento jurídico aragonés objeto de tutela lo componen el Derecho Foral de Aragón, las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón, las disposiciones con fuerza de ley aprobadas por el Gobierno de Aragón y los reglamentos de este último en materias cuya competencia corresponde a la comunidad autónoma.
Defensor de la ciudadanía
Corresponde al Justicia la protección y defensa de los derechos y libertades de los aragoneses; que son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de protección, así como especialmente los establecidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón. Para ello, supervisa la actividad de la Administración de la comunidad autónoma. La actuación del Justicia de Aragón en ningún caso tiene un mandato vinculante para los poderes públicos, sino que sus recomendaciones, sugerencias, recordatorios y advertencias están basadas en la fuerza moral que la institución ostenta. No obstante, las administraciones están obligadas a auxiliarlo en sus investigaciones.
Defensor de los menores
El Justicia defiende los derechos de los menores, vela por el respeto de la legislación vigente en materia de protección de la infancia y la adolescencia, propone medidas susceptibles de mejorar su protección y promueve la información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sobre las medidas que es necesario tomar para su mejor atención y cuidado.
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
