Los molinos de viento siempre han tenido un aire quijotesco, pero algunos sirven para algo mucho menos épico: remover purines. Sí, esos charcos pestilentes que cualquier ganadero conoce mejor que su propio DNI. Y Fernando Samper, que hasta 2011 vivía entre cerdos y balsas de residuos, debía de saber perfectamente cómo funcionaban estos ingeniosos ventiladores del estiércol. Un sector poco glamuroso, pero rentable en Aragón.
De pronto, Samper decidió que ya había olido suficiente a mierda de cerdo. Cambió los purines por los aerogeneradores y descubrió que el viento, cuando sopla a favor del BOE, mueve mucho más dinero que cualquier granja. Así nació Forestalia, y así un empresario desconocido en el cerrado club energético pasó, en un abrir y cerrar de ojos, a recibir contratos millonarios del Gobierno central. Ni David Copperfield habría logrado un truco tan limpio. O tan sucio, según la Guardia Civil.
Según la investigación de la UCOMA de la Guardia Civil, aquí no hubo magia, sino presunta corrupción del tamaño de un parque eólico entero, como el mastodóntico y cuestionado proyecto del Maestrazgo que provocó la denuncia de Teruel Existe y que ha acabado con la detención de Samper. La trama apunta a sobornos a cargos públicos del Gobierno central y del Gobierno de Aragón para allanar el camino administrativo de los proyectos de Forestalia. Cuando el expediente era complejo, Samper recurría a su hombre en el Ministerio para la Transición Ecológica, el exsubdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez Collado, que supuestamente le abría las puertas de par en par. Y cuando convenía, los proyectos se troceaban para que la competencia recayese en la Administración aragonesa, donde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental —con directivos del PAR y del PSOE— daba luz verde sin demasiados sobresaltos.
La investigación también salpica a viejos conocidos de la política aragonesa. Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente, y dos de sus colaboradores montaron una consultora de renovables con un único cliente: Forestalia. En 2018, Samper les habría comprado la empresa por cuatro millones de euros. Un negocio, según la investigación, en forma de comisiones por el trato recibido que era redondo para todos, salvo para el interés público.
La caída, sin embargo, fue tan rápida como el ascenso. Bastaron unas horas de registros en Madrid y Zaragoza para que la estrella de Forestalia se apagara y dejara tras de sí un hedor que recuerda demasiado a la Operación Molinos de 2009 en La Muela. Otra vez energías renovables, otra vez prisas, otra vez oscuridad administrativa, otra vez especulación, otra vez tratos de favor. El caso Forestalia ya ocupa cientos de folios en un juzgado de Teruel. Seguramente, acabará en la Audiencia Nacional. Y lo que toca ahora es que la justicia se mueva con más brío que el viento que impulsó el meteórico ascenso de Samper.
Conrad Blásquiz Herrero, periodista y editor del la web política “Desde la Aljafería“
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