Desde el verano de 2024, dos zonas del aeropuerto de Teruel albergan 122 torres que se aproximan a los 200 metros, turbinas y 360 palas de 70 toneladas. Fabricados por General Electric en Castellón, son los componentes de los aerogeneradores del fondo de inversión danés que tiene que desarrollar el macroproyecto del Clúster del Maestrazgo con una inversión de alrededor de 1.100 millones de euros.
El insólito almacenamiento no tiene nada que ver con el uso aeroportuario o espacial. El arrendamiento de esas 32 hectáreas, que ya le ha supuesto a Copenhagen Infrastructure Partners el desembolso de 2 millones de euros, puede eternizarse porque la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunciaba el pasado miércoles la suspensión de los proyectos de Forestalia que están bajo recurso, una auditoría interna en su ministerio y la máxima colaboración con la Justicia.
La ministra se adelantaba al juez de instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, que, una vez finalizado el expediente judicial y escuchadas las partes, tendrá que decidir el futuro del proyecto. La Fiscalía ha pedido la suspensión provisional por los daños y perjuicios medioambientales que se podrían derivar de su construcción.
Forestalia, presidida por Fernando Samper, vendió al fondo de inversión danés el paquete de 744 megavatios del Clúster Maestrazgo que había ganado en subasta pública. Una veintena de proyectos y 122 aerogeneradores, 85 de ellos en un paisaje que forma parte de la Red Natura 2000 y que está reconocido por la Unesco por su singularidad y belleza.
Sorprende sobremanera comprobar cómo avanzaba política y administrativamente un macroproyecto tan cuestionable desde los propios mapas de paisajes protegidos del ministerio y del Gobierno de Aragón. También desde el sentido común. Faltaba una zonificación/delimitación clara y respetuosa con la protección del paisaje en el despliegue de las energías renovables
Sorprende sobremanera comprobar cómo avanzaba política y administrativamente un macroproyecto tan cuestionable desde los propios mapas de paisajes protegidos del ministerio y del Gobierno de Aragón. También desde el sentido común. Faltaba una zonificación/delimitación clara y respetuosa con la protección del paisaje en el despliegue de las energías renovables.
Públicamente, trascendían las constantes movilizaciones y la oposición frontal de plataformas ciudadanas como la Plataforma 13 de marzo Aragón por la Racionalidad Energética, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, por boca de su portavoz Javier Oquendo, y de Teruel Existe, por boca de su portavoz Ernesto Romeo. Fue este partido político el que movió ficha al interponer en 2023 una denuncia en el juzgado de instrucción número 1 de Teruel.
La posterior investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) descubrió presuntas manipulaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental y mordidas millonarias a través de sociedades opacas con la cooperación necesaria de un notario que señalan, entre otros, a un ex subdirector general del ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, nombrado por el último Gobierno de Rajoy, que continuó en su cargo con Teresa Ribera hasta que se jubiló en 2023.
Según el informe de la Guardia Civil, Domínguez se habría valido de una estructura paralela, a través de la empresa pública Tragsatec, para evaluar y agilizar bajo su supervisión directa las Declaraciones de Impacto Ambiental de Forestalia eludiendo los controles de los técnicos ministeriales. En concreto, las de los proyectos de más de 50 megavatios de potencia porque la competencia de los de menos es del Gobierno de Aragón.
La Guardia Civil también ha dirigido el foco de la investigación hacia el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) durante los años en los que fue director Jesús Lobera, desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2023, por supuestamente dar prioridad a los proyectos de Forestalia en la comunidad autónoma
La Guardia Civil también ha dirigido el foco de la investigación hacia el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) durante los años en los que fue director Jesús Lobera, desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2023, por supuestamente dar prioridad a los proyectos de Forestalia en la comunidad autónoma.
Según un reciente informe de la Cámara de Cuentas, Lobera se atribuyó las competencias de tramitar los expedientes de las energías renovables, que trascendían de sus competencias ordinarias y no se habían añadido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Además, en octubre de 2022 en la declaración de compatibilidad que tenían que firmar los técnicos de Sarga, una sociedad instrumental del Gobierno de Aragón, y de las consultoras externas contratadas por el Inaga, se suprimen las referencias expresas a la “inexistencia de relación alguna de interés personal o profesional directa o indirecta con la entidad promotora”. De este modo, los mismos profesionales podían evaluar el impacto ambiental de los proyectos de las empresas en las que trabajaban. Juez y parte.
En el informe de la Guardia Civil aparecen también ex altos cargos de los últimos Ejecutivos autonómicos, algunos de los cuales han mantenido y continúan manteniendo relaciones contractuales con esa compañía que sorprendió al sector de la energía en enero de 2016 (era una desconocida) al ganar la primera gran subasta de megavatios siendo José Manuel Soria ministro de Industria, Energía y Turismo, del Gobierno de Mariano Rajoy.
Soria puso en marcha un nuevo sistema de subastas después de haber recortado las primas a las energías renovables, un tijeretazo de 2.700 millones de euros, y de aprobar el “impuesto al sol” para frenar el autoconsumo eléctrico. Tres meses después tuvo que dimitir al revelarse en los denominados “Papeles de Panamá” que participaba en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales. Al poco tiempo, montó una consultora que asesoró a Forestalia. En este país, las puertas giratorias continúan siendo una asignatura pendiente de salud democrática.
En 2023, se empezó a tramitar una Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y la actuación del Inaga. Las conclusiones dijeron que no se había encontrado delito ni irregularidad administrativa alguna
Contexto. En 2023, por iniciativa del PP y de Vox, se empezó a tramitar una Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y la actuación del Inaga. A finales de junio del año pasado, las conclusiones dijeron que no se había encontrado delito ni irregularidad administrativa alguna.
Hubo unanimidad para reclamar más personal y medios técnicos para el Inaga, una ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón, una zonificación ambiental acorde con la Unión Europea para el despliegue preferente de las energías renovables, una mayor apuesta por las comunidades energéticas y el autoconsumo frente a las grandes compañías eléctricas y fondos de inversión, la supervisión por funcionarios públicos de las asesorías externas, la simplificación de las autorizaciones ambientales, y la prohibición de los parques fotovoltaicos en los embalses aragoneses.
El informe de la Guardia Civil sobre las actuaciones de Forestalia ha desatado una potente tormenta eléctrica de consecuencias todavía imprevisibles. Por lo pronto, apunta a la existencia de una burbuja especulativa de compraventa de proyectos de energías renovables con los permisos aprobados. Apunta también a un “modus operandi” de grandes compañías que, sobre todo con la energía eólica, estarían penetrando con ánimo depredador en áreas despobladas, envejecidas, con rentas limitadas y fragmentadas municipal y socialmente.
La concienciación, la movilización ciudadana y el análisis crítico, son más necesarios que nunca. Tanto Teruel Existe como la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y la Plataforma 13M, y otras organizaciones ciudadanas y ecologistas, están dando un ejemplo de rebeldía y de tenacidad
La tormenta está poniendo de manifiesto que la concienciación, la movilización ciudadana y el análisis crítico, son más necesarios que nunca. En el caso que nos ocupa, tanto Teruel Existe como la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y la Plataforma 13M, y otras organizaciones ciudadanas y ecologistas, están dando un ejemplo de rebeldía y de tenacidad en la defensa del patrimonio cultural y natural que contrasta con el tibio resultado de la Comisión de Investigación parlamentaria.
Queda pendiente el debate –algunos partidos lo llevan en sus programas electorales- sobre las compensaciones para los pequeños municipios como, por ejemplo, que un porcentaje de la facturación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos se invierta de forma directa en el territorio afectado.
Plácido Díez, periodista. Artículo publicado en El Diario.es Aragón
