El 7 de diciembre de 1995 es una fecha difícil de olvidar para Antonio Peiró, en aquel momento adjunto al rector de la Universidad de Zaragoza. Ese día celebraba su cumpleaños y recibió un regalo muy especial: una llamada de Madrid informándole de que el traspaso de las competencias universitarias era ya un hecho. La Comisión Mixta oficializó días más tarde, el 27 de diciembre, el traspaso que, sin embargo no se hizo efectivo hasta otoño de 1996, con el curso académico ya iniciado.
Vicente Camarena Badía (1984-1992). ANGEL DE CASTRO
El proceso del traspaso de las transferencias universitarias a Aragón había empezado un lento peregrinaje en la década de los 80 después de que la Universidad de Zaragoza, junto al resto de campus españoles, lograra emanciparse definitivamente del férreo yugo del Estado. Hasta ese instante, las universidades carecían de autonomía para autogobernarse. No podían establecer sus propias normas, ni elegir a sus responsables, y mucho menos podían contratar personal, ni determinar sus planes y programas de estudio dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación o administrar libremente su patrimonio. Cualquier decisión que afectaba a la universidad se decidía en el ministerio de turno. «Todo pasaba por Madrid», recalca Antonio Peiró.
Profunda transformación
Con la consecución de la ansiada autonomía, la universidad emprendió una profunda transformación. En primer lugar, la Universidad de Zaragoza pasó a autogestionarse y por el camino se desprendió de los campus de Soria, Navarra y, en último lugar, de La Rioja, que le habían acompañado durante años. De esta forma, el ámbito territorial de la Universidad de Zaragoza se limitó a principios de la década de los 90 exclusivamente a Aragón y se preparó el terreno para que cuatro años más tarde, en 1996, se transfirieran las competencias a la comunidad autónoma. Fue cuando se produjo el primer gran cambio político en la gestión de la universidad aragonesa. “Estos cambios se notaron sensiblemente en el funcionamiento cotidiano. Se pasó de depender de Madrid a tener autonomía y que el interlocutor político fuera mucho próximo. Era mucho más fácil entenderse con el Gobierno de Aragón que con el ministerio”, recuerda Peiró.
Juan José Badiola Díez (1992-2000). ANGEL DE CASTRO
El entonces rector Juan José Badiola fue quien recibió las competencias. Badiola sustituyó en 1992 al frente de la institución universitaria a Vicente Camarena, el primer rector elegido en 1984 por el claustro del campus aragonés. Felipe Pétriz y Manuel López siguieron a Badiola en el cargo, hasta llegar al actual, José Antonio Mayoral, reelegido recientemente como máximo responsable de la institución universitaria.
El gran escollo de la negociación competencial fue lo que viene siendo habitual en un proceso de estas características: el dinero de la transferencia. La financiación ha sido desde siempre el gran caballo de batalla de la Universidad, si bien se ha ido subsanando en los últimos años con los acuerdos que el campus ha suscrito con el Gobierno de Aragón que garantizan una estabilidad económica. El último acuerdo se ha firmado recientemente y compromete 1.082 millones de euros para la institución académica hasta 2026.
Actividad investigadora
El segundo cambio de grandes dimensiones experimentado por la universidad en las últimas cuatro décadas se refiere a su actividad investigadora. En los años 80, la investigación que llevaban a cabo las universidades brillaba por su ausencia, prácticamente no captaban fondos externos para ese fin, no había grupos consolidados de investigación, como tampoco había institutos de investigación. Hoy en día, el campus aragonés cuenta con 14 institutos y centros de investigación, 18 servicios de apoyo a la investigación, 170 grupos de investigación y 3.236 investigadores.
Felipe Pétriz Calvo (2000-2008). ANGEL DE CASTRO
Y el tercer gran salto del campus aragonés ha sido su apertura internacional con la puesta en marcha de los Erasmus y el incremento de las relaciones internacionales hacia Europa y Latinoamérica. Hace 40 años, pertenecer como ahora a la Universidad Europea era algo impensable. Eran muy pocos aquéllos que se planteaban realizar estancias en el extranjero y mucho menos disponer de un grupo investigador de carácter internacional. Los congresos internacionales eran muy raros, cuando hoy lo raro es que no se celebre uno al día.
De forma paralela, en los años 90 se desató una fuerte polémica política sobre la descentralización de la Universidad de Zaragoza en los campus de Huesca y de Teruel. El asunto ocupó largas horas de debate en las Cortes. El Gobierno de Aragón apostó finalmente por una única universidad con titulaciones en los diferentes campus sin que unas se solaparan con otras para evitar duplicidades. A juicio de la comunidad educativa, el modelo ha funcionado “relativamente bien“.
José Manuel López Pérez (2008-2016). ANGEL DE CASTRO
La Universidad de Zaragoza, de casi cinco siglos de historia, ya que fue fundada en 1542, se ha consolidado en las últimas décadas como la Universidad pública de Aragón. Una institución pública de investigación y educación superior que cuenta con 39.074 miembros, según datos de septiembre de 2021, de los que casi 4.300 es personal docente e investigador. Su presupuesto ha superado en este ejercicio los 300 millones de euros.
El Gobierno de Aragón pagará el gasto corriente de la universidad
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, firmaron el pasado mes de mayo el nuevo contrato-programa 2022-2026 que ofrece estabilidad presupuestaria a la institución a lo largo de cinco años.
Este convenio garantiza la financiación del gasto corriente por primera vez, incluye 60 millones para inversiones y duplica la partida para institutos de investigación, que recibirán 10 millones de euros. Por primera vez se cubre el 100% del gasto corriente: el modelo garantiza la calidad del servicio público con medidas específicas para paliar la precariedad y la temporalidad en la universidad.
La subida en la transferencia básica pasará de 182,2 millones actuales hasta alcanzar los 219,8 en 2026, incluyendo los complementos autonómicos para el Personal Docente Investigador.
El Gobierno de Aragón asume también un plan de inversiones: 12 millones anuales para contrarrestar la escasa inversión habida en infraestructuras desde la crisis económica y financiera de 2008.
Artículo publicado en El Periódico de Aragón
