El Ejecutivo aragonés utiliza con asiduidad la declaración de interés autonómico para saltarse los trámites municipales. PP e IU denuncian el  “urbanismo a la carta” del reciente convenio de privatización de una parte de PLAZA y del que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido marginado

El Gobierno del socialista Javier Lambán ha impuesto máxima celeridad a la tramitación administrativa de sus proyectos urbanísticos más emblemáticos, como la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza o la implantación de Amazon y Bon Área en la comunidad. Quiere evitar que los ayuntamientos afectados por alguna de estas inversiones millonarias tengan tentaciones de obstaculizarlas por intereses políticos o cualquier otra razón burocrática, como bien puede ocurrir en Zaragoza, cuyo gobierno está en manos de PP y Ciudadanos.

Por esta razón, en los siete años que lleva en el Pignatelli, Lambán  ha recurrido en múltiples ocasiones a los Planes de Interés General de Aragón (PIGA) para hacer realidad diversos proyectos estratégicos. Se trata de una figura urbanística legal pero controvertida porque, además de acortar los plazos de tramitación, margina a los ayuntamientos afectados al saltarse los trámites municipales en materia urbanística. En apenas unos meses, coincidiendo con el inicio de la fase decisiva de la legislatura, el cuatripartito lleva aprobados más de cinco PIGAS.

La definición de PIGA peca de ser “excesivamente genérica”, ya que se considera de interés general todo aquel proyecto relevante para el desarrollo económico, social y territorial de Aragón

El instrumento urbanístico de los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón está regulado en la Ley de Ordenación del Territorio y su definición, según todas las fuentes consultadas, peca de ser “excesivamente genérica”, ya que se considera de interés general todo aquel proyecto relevante para el desarrollo económico, social y territorial de Aragón que “haya de asentarse en más de un término municipal o que, aún asentándose en uno solo, trascienda de dicho ámbito”, según establece el artículo 32 de la citada ley. Es decir, podrán ser objeto de un PIGA la ejecución de grandes equipamientos, infraestructuras e instalaciones, y centros de esquí y montaña. Ante una definición tan amplia, la decisión última sobre la implantación de un plan de interés autonómico está en manos del Gobierno de Aragón. 

Los informes municipales emitidos en el trámite de audiencia o con posterioridad a la aprobación del PIGA no son vinculantes para la Administración autonómica

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que el PIGA es un “instrumento urbanístico muy válido para acortar plazos en la ejecución de proyectos”, ya que se otorga prioridad a su tramitación administrativa y “así se evita que todo se dilate meses y meses”. No obstante, las mismas fuentes subrayan que su aplicación resta protagonismo político a los ayuntamientos, ya que pasan a ser “actores secundarios”. Por contra, el Gobierno de Aragón asume todo el liderazgo en la ejecución del proyecto en cuestión. “El PIGA quita competencias urbanísticas al ayuntamiento, que solo puede presentar alegaciones y nada más”, señalan las fuentes. De esta forma, los informes municipales emitidos en el trámite de audiencia o con posterioridad a la aprobación del PIGA no son vinculantes para la Administración autonómica.

Gran Escala, el precedente

El uso excesivo de la figura del PIGA ha sido motivo de polémica desde que en 2007 fuera impulsado durante la tramitación del controvertido megaproyecto de Gran Escala, que contemplaba la ejecución de un gran complejo de ocio y de juegos de azar en mitad del desierto de los Monegros y que fue definido por José Ángel Biel, entonces vicepresidente del Gobierno, como “el proyecto económico más potente desde Fernando el Católico”. Pero aquel proyecto de proporciones mastodónticas -2.025 hectáreas de superficie, 32 casinos, parques temáticos, 25.000 habitaciones de hotel, 200 bares y una inversión de 17.000 millones de euros- resultó ser el mayor fiasco de la historia de Aragón, y se quedó en papel mojado. 

También la ejecución del circuito de velocidad de Alcañiz, Motorland, recibió el impulso del PIGA a finales de la década del 2000. Otros ejemplos de planes de interés general son las obras de urbanización de la futura de la Plataforma Agroalimentaria de Épila, que va a gestionar Bon Área; la ampliación de la Estación de Cerler por Castanesa, que preveía la ejecución de una gran estación en esa zona pirenaica; los proyectos supramunicipales de las Plataformas Logísticas de Fraga, Huesca y Platea, promovidos por el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias; y la instalación de Amazon Web en Villanueva de Gállego. 

El pasado mes de enero, el Consejo de Gobierno declaró de interés autonómico la futura plataforma logística de Zuera con una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados y que, según ha trascendido hace escasos días, era la candidata para albergar la fábrica de baterías del vehículo eléctrico del grupo Volkswagen, que finalmente se ha decantado por Sagunto frente a las candidaturas de Valencia, Extremadura, Cataluña y Aragón. Sin embargo, el Gobierno de Lambán ha asegurado que confía aún en que la fábrica del grupo automovilístico se instale en Zuera.

PLAZA se privatiza

El ejemplo más cercano y también más polémico de un plan de interés autonómico es el llamativo convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y la inmobiliaria Wilcox que supone dejar por primera vez en manos privadas la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza. Hasta ahora, la práctica habitual había sido la de expropiación de los suelos afectados por la ampliación. Sin embargo, en esta ocasión se ha optado por un convenio con una empresa privada que se encargará de la urbanización.

El convenio establece que la empresa inmobiliaria, que según fuentes conocedoras, se ha hecho millonaria con las recalificaciones de suelo industrial a lo largo del denominador corredor de Linares, que discurre entre Alcalá de Henares y Madrid, verá recalificadas para uso industrial más de 200 hectáreas de suelo rústico que son de su propiedad. El Gobierno de Aragón hará posible la recalificación de los suelos saltándose el trámite municipal al tratarse de un PIGA. La empresa urbanizará las 217 hectáreas situadas frente al club de golf de la Peñana, al otro lado de la autovía de Madrid, y a cambio entregará a la DGA el 20% del suelo industrial ya urbanizado. 

Ni la DGA ni la empresa han informado del coste global de esta operación urbanística, que Lambán justifica por la fuerte demanda de grandes parcelas por parte de operadores logísticos, pero que ha desatado fuertes críticas del PP y de IU, que han acusado del Gobierno aragonés de hacer “un traje a medida” a Wilcox y de practicar “un urbanismo a la carta”.

Artículo publicado en el Diario.es Aragón