El acceso gratuito a los bienes de interés cultural es un derecho reconocido en diversas leyes autonómicas (Andalucía, Cantabria, Castilla – León, Castilla- La Mancha, Galicia, Región de Murcia) y en la legislación estatal.
Este derecho se fundamenta en la importancia de garantizar que toda la ciudadanía pueda disfrutar y conocer el patrimonio cultural, histórico y artístico.
Las leyes autonómicas suelen especificar días concretos o circunstancias en las que este acceso gratuito es obligatorio, promoviendo así la difusión y el conocimiento del patrimonio cultural entre la población. Además, es un reconocimiento al esfuerzo económico realizado por la ciudadanía, con sus impuestos, para la protección, conservación, restauración, censo, prevención e investigación del patrimonio cultural, heredado por sus ancestros y con la obligación de preservarlo para sus descendientes.
En Aragón, hay un total de 1.768 Bienes de Interés Cultural (BIC) censados (bien mueble, bien inmueble, bien inmaterial).
Sin embargo, en el corazón de Aragón, donde la historia y la cultura se entrelazan, una tensión normativa ha surgido como un eco inquietante en los pasillos del Gobierno.
La discrepancia entre la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Cultural de Aragón ha creado un “vacío legal” que afecta a la ciudadanía y cuestiona los principios de acceso universal al legado histórico.
¿Es posible que en un territorio tan rico en patrimonio cultural, los derechos de acceso queden supeditados a meros intereses económicos o gestiones ineficientes?
El acceso al patrimonio cultural no solo es un derecho, sino una obligación moral y política para con las personas. La Ley del Patrimonio Histórico Español establece la obligatoriedad de garantizar visitas gratuitas a los Bienes de Interés Cultural (BIC) al menos cuatro días al mes. Sin embargo, la normativa aragonesa omite este requisito, generando confusión y descoordinación entre los órganos responsables.
Los casos de San Juan de la Peña o el Castillo de Loarre son ejemplo de esta tensión. Espacios gestionados por la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, dependiente de la Consejería de Turismo, han rechazado implementar la gratuidad citando razones económicas y de aforo. Pero, ¿son estas excusas válidas para negar a las personas el acceso a su historia y cultura?
Es incomprensible que una medida tan beneficiosa para quienes habitan Aragón y para la proyección turística enfrente tanta resistencia. Por eso, proponemos soluciones concretas: reformar la Ley del Patrimonio Cultural de Aragón para armonizarla con la normativa estatal, desarrollar una planificación adecuada para gestionar la afluencia de visitantes y garantizar los recursos necesarios para cumplir con esta obligación sin comprometer la calidad.
Pero más allá del conflicto legal y administrativo, este debate toca un nervio profundo: la cultura como herramienta de inclusión y cohesión social. En un territorio donde las desigualdades económicas y geográficas son palpables, garantizar el acceso gratuito a los BIC no es solo un acto de justicia, sino una inversión en el desarrollo de la sociedad. La cultura no puede ser un lujo; debe ser un derecho al alcance de todas las personas.
Desde CHA, insistimos en que el acceso a la cultura también fortalece el compromiso social con la preservación del patrimonio. La posibilidad e disfrute de estos espacios sin barreras económicas enriquece no solo a las personas sino también a la colectividad.
El patrimonio cultural es mucho más que un conjunto de monumentos; es el testimonio vivo de nuestra identidad. Negar el acceso gratuito a estos espacios no solo afecta a quienes buscan explorarlos, sino también a la percepción de Aragón como una tierra que valora y promueve su legado.
Es hora de actuar con valentía. Reformar la ley, planificar con eficacia y destinar los recursos necesarios son pasos esenciales para garantizar que Aragón no solo cumpla con la legislación estatal, sino que lidere con el ejemplo en la defensa de un patrimonio verdaderamente accesible. Porque el alma de un país se mide por su capacidad de compartir su historia con todas las personas.
Joaquín Palacín, Presidente de Chunta Aragonesista (CHA) y Portavoz de CHA en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de las Cortes de Aragón.
