La vida política e institucional de Aragón lleva cuatro meses en un coma inducido del que nadie parece tener prisa por despertar. Desde que a mediados de diciembre Jorge Azcón recibiera la instrucción de Alberto Núñez Feijóo para convocar elecciones anticipadas —una maniobra destinada a desbloquear la presión de Vox—, la comunidad ha pasado de estar atascada a directamente petrificada. Embalsamada. El supuesto remedio ha resultado peor que la enfermedad: Aragón está hoy más bloqueada que entonces.
Y eso que antes de la convocatoria electoral, el Gobierno de Azcón ya vegetaba en una interinidad crónica. Sin presupuestos, sin mayoría y sin valor para llevar leyes a las Cortes, el Ejecutivo se limitaba a sobrevivir y a realizar grandes anuncios inversores sin dinero. La Ley de Vivienda es la única que llegó a la Cámara, pero se quedó allí, empantanada, sin apoyos y finalmente sepultada por la convocatoria anticipada.
Han pasado más de dos meses desde las elecciones autonómicas del 8 de febrero y el panorama apenas ha cambiado. Las Cortes se constituyeron el 3 de marzo y sus señorías ya habrán cobrado su primer sueldo… sin haber trabajado un solo día real. Ni comisiones, ni actividad legislativa, ni rastro de movimiento político. Un mes entero de vacaciones parlamentarias sufragadas por los aragoneses. En la Aljafería, la provisionalidad es tan evidente que incluso se ha especulado con que la presidenta de las Cortes, María Navarro, podría entregar su puesto a Vox como moneda de cambio en unas negociaciones que el miércoles pasado fueros públicas por primera vez. PP y Vox convocaron a la prensa en un hotel zaragozano, se hicieron las fotos de rigor y no se concretó nada más.
Azcón y su Gobierno encadenan cuatro meses de absoluta irrelevancia institucional. Los consejeros continúan cobrando sus sueldos mientras matan el tiempo en despachos vacíos sin contenido político alguno. En el mejor de los casos, se dejan ver en inauguraciones menores, actos simbólicos que no comprometen nada porque, legalmente, no pueden comprometer nada. No pueden conceder subvenciones, no pueden impulsar políticas, no pueden tomar decisiones de calado. Ni siquiera saben si seguirán en sus cargos.
La situación de bloqueo llega al extremo de que el próximo 23 de abril, Día de San Jorge, el presidente en funciones no podrá entregar el Premio Aragón, el máximo reconocimiento institucional de la comunidad. La normativa es clara: un Gobierno en funciones no puede conceder honores ni distinciones. Aragón, literalmente, no puede ni premiar a sus ciudadanos.
Cuatro meses de parálisis total. Cuatro meses de instituciones congeladas. Cuatro meses en los que la política aragonesa ha demostrado que, cuando quiere, puede detenerse por completo… y seguir viviendo como si nada. Azcón prometió en campaña un Aragón imparable, pero por ahora la lentitud marca el rumbo y roza lo grotesco.
Conrad Blásquiz Herrero. Periodista y editor de la web política Desde la Aljafería.
