El curso político arranca en Aragón con un examen del que Jorge Azcón ya no puede escapar. La aprobación de los Presupuestos de 2027 será la primera gran prueba de un Gobierno que lleva demasiado tiempo instalado en la excepcionalidad presupuestaria. Después de tres años sin unas cuentas nuevas, aprobarlas no sería una proeza política. Sería, simplemente, empezar a gobernar con normalidad.
En Aragón, sacar adelante las cuentas públicas empieza a parecer un fenómeno paranormal. Desde el 11 de julio de 2024, cuando Vox decidió que el mejor socio es el que deja plantado al novio antes del banquete, el Gobierno autonómico vive instalado en una prórroga presupuestaria que ya forma parte del paisaje. Los presupuestos han dejado de ser una ley anual para convertirse en una especie protegida.
Porque el principal problema del presidente no está en la oposición. Lo verdaderamente imprevisible sigue ocurriendo dentro del perímetro de la mayoría que sostiene al Ejecutivo. La legislatura pasada estuvo marcada por la parálisis desde que Vox abandonó el Ejecutivo en 2024 y dejó al PP en minoría. Desde entonces, Aragón ha sobrevivido con presupuestos prorrogados y con un Gobierno incapaz de sacar adelante solo una ley, la de vivienda, que superó el jueves pasado el primer trámite parlamentario. Administrar ha sustituido a gobernar. La gestión ha ocupado el lugar de la política.
Ese es el primer reto de Azcón: recuperar una mayoría que permita aprobar unas cuentas y devolver al Parlamento su función legislativa. Pero no es, ni mucho menos, el único.
Las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero han dibujado un escenario todavía más incómodo para el presidente. Lejos de reforzar su autonomía, han incrementado su dependencia de Vox. La formación de extrema derecha no solo ha recuperado un asiento en el Consejo de Gobierno, sino que ha aprovechado sus primeros meses de vuelta en el Ejecutivo para lanzar una auténtica cruzada contra la inmigración, convirtiendo ese asunto en el eje casi exclusivo de su acción política.
La ofensiva contra la inmigración se ha convertido en el último capítulo de esa estrategia. Mientras Aragón afronta problemas bastante más prosaicos —listas de espera, vivienda, despoblación o financiación—, Vox insiste en situar el foco sobre un discurso que le permite mantener movilizado a su electorado y marcar la agenda del debate público. Es legítimo hacer oposición desde las ideas. Otra cosa es gobernar a golpe de eslogan.
Y ahí aparece el verdadero reto de Azcón. No basta con negociar unos presupuestos que no logra aprobar desde hace dos años. Antes tendrá que conseguir algo mucho más complicado: que sus socios dejen de competir por el titular más estridente de la semana. Gobernar Aragón ya exige bastante dedicación como para tener que ejercer, además, en el apaga fuegos que declara un partido empeñado en convertir cada rueda de prensa en un casting para las redes sociales.
El presidente ha construido buena parte de su perfil político sobre la moderación y la gestión. Esa imagen le funcionó como alcalde y le permitió llegar al Pignatelli. Pero la moderación tiene un inconveniente: necesita silencio alrededor. Y Vox no parece dispuesto a concederle ese lujo. Cada declaración altisonante obliga al Gobierno a explicar que una cosa es lo que dice un socio y otra lo que hace el Ejecutivo. Repetido una vez resulta creíble. Repetido durante tres años empieza a parecer un género literario.
Los próximos meses dirán si Azcón consigue recuperar la iniciativa o si la legislatura continúa definida por la polémica permanente impuesta por la ultraderecha. La aprobación de los presupuestos de 2027 será un buen termómetro. Pero habrá otro igual de importante: comprobar si el presidente logra que Aragón vuelva a hablar de los problemas de Aragón o si permite que la política autonómica siga girando alrededor de la cruzada ideológica de Vox. Está en juego su liderazgo.
Conrad Blásquiz Herrero, periodista y editor de la web política Desde la Aljafería
