El debate sobre las llamadas puertas giratorias vuelve a instalarse en la política aragonesa con un caso difícil de ignorar. Marta Ríos, quien fuera hasta antes del verano superdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, acaba de incorporarse a QTS Data Centers, compañía vinculada a los fondos gestionados por Blackstone y promotora del gigantesco proyecto de centros de datos de Calatorao.
La secuencia temporal resulta, cuando menos, llamativa. Ríos fue nombrada por Jorge Azcón directora de Inversiones Estratégicas en septiembre de 2023. El propio Gobierno definió entonces su cometido como la promoción, impulso, apoyo y atracción de grandes inversiones para Aragón. No era, por tanto, un puesto administrativo cualquiera. Su trabajo consistía precisamente en relacionarse con grandes inversores y atraer proyectos estratégicos a la Comunidad. Entre ellos estuvo QTS. Meses después de su fichaje por la DGA, en octubre de 2024, se presentó el proyecto de campus de centros de datos de Calatorao, una inversión que Blackstone cifró inicialmente en 7.500 millones de euros y cuya documentación posterior elevó hasta 11.805 millones.
Ríos anunció en verano en sus redes sociales que cesaba de su puesto en la DGA y que pasaba a dirigir la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), un nombramiento anunciado en junio para hacerse efectivo el 1 de agosto. Y apenas unas semanas después, llegó el movimiento más polémico. Se incorporaba a QTS como vicepresidenta para Europa de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas. Dicho de otra manera: quien ayer abría puertas de la Administración para los inversores, hoy se sienta al otro lado de la mesa para ayudar a un inversor a relacionarse con las administraciones.
Todo legal, dice el Gobierno. Y puede que lo sea. Pero esa no es la pregunta que debería hacerse una democracia cuando habla de puertas giratorias. La pregunta es otra: ¿Esta situación es ética y razonable?
La propia legislación aragonesa establece un régimen de incompatibilidades y obligaciones posteriores al cese para determinados altos cargos y autoridades. La Ley 5/2017 contempla declaraciones de actividades y obligaciones durante los dos años posteriores al cese en los supuestos incluidos en su ámbito de aplicación. Pero aquí aparece precisamente la zona gris del caso.
El Gobierno sostiene que Marta Ríos era asesora y ocupaba un puesto eventual y que, por esa condición, no estaba sometida a las restricciones posteriores al cese aplicables a los altos cargos. La controversia jurídica reside, entre otras cuestiones, en cómo debe interpretarse su condición de “Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia”. Y no es un matiz menor.
Porque el BOA no la presentó simplemente como una asesora. El decreto de nombramiento la designó literalmente Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón. Estaba integrada dentro del gabinete del presidente y en el organigrama oficial se diferenciaba claramente del Jefe de Gabinete y de los asesores. No era una directora general pero cobraba mil euros anuales más que un director general. Por asesorar su sueldo ascendía a 75.932,74 euros anuales. Una asesora de lujo.
Puede que su cargo, intencionadamente o no, no estuviera sometido a una incompatibilidad descarada. Pero la política debería preguntarse también si todo lo legal resulta necesariamente ejemplar. La oposición ya ha pedido explicaciones. El PSOE ha registrado incluso una proposición para reformar la Ley de Integridad y Ética Públicas y ampliar el control sobre asesores y personal que intervenga en la captación, negociación o acompañamiento de inversiones, precisamente a raíz del caso Ríos. La propuesta socialista no demuestra por sí misma que se haya cometido una irregularidad. Pero revela que existe una zona de insuficiente claridad normativa que merece ser examinada. El problema no es solo Marta Ríos Sería demasiado sencillo convertir esta historia en un juicio personal sobre una profesional. El problema es mucho más profundo. Es un problema de diseño institucional. Porque las puertas giratorias no necesitan que exista un delito para generar desconfianza. Basta con que la frontera entre el interés público y el privado sea demasiado fina.
Y en este caso la línea es especialmente estrecha.
Ahí está probablemente la lección más importante. Si una persona que desde la Presidencia del Gobierno se dedica a atraer grandes inversiones puede pasar, prácticamente sin solución de continuidad, a trabajar para una de las empresas con las que tuvo relación institucional, quizá el problema sea que la ley debería ser mucho más clara.
Las puertas giratorias necesitan algo más que una norma que diga cuándo se puede atravesarlas. Necesitan transparencia. Y necesitan una regla sencilla: quien desde la Administración trabaja para atraer una inversión privada no debería poder convertirse inmediatamente en interlocutor remunerado de esa misma inversión sin que exista un control público, previo y transparente.
Conrad Blásquiz Herrero, periodista y editor de la web política desde la Aljafería
