(Artículo publicado en elDiario.es Aragón)
Hace ahora un año, el Gobierno de Aragón ordenó las primeras restricciones para hacer frente a la pandemia. A lo largo de este tiempo, la comunidad se ha subido a una montaña rusa desbocada y ha estado a merced de un virus que se ha cobrado la vida de 3.300 aragoneses y ha contagiado a algo menos del 10% de la población aragonesa.
El Gobierno autonómico ha desplegado una amplia batería de medidas para luchar contra el covid-19, algunas improvisadas, ante el temor a que surgieran nuevos brotes de un virus que era un absoluto desconocido. Así, en doce meses, se han sucedido las desescaladas, los cierres perimetrales provinciales y urbanos, los confinamientos y los toques de queda, dando la impresión de que el virus siempre ha ido por delante en esta macabra carrera. Las medidas se han ido suavizando y endureciendo alternativamente, de tal forma que una semana se avanzaba algunos pasos con el final de las restricciones y días después se daba marcha atrás a lo andado, al limitar de nuevo las libertades, como si de una yenka se tratara, siempre al ritmo marcado por el coronavirus.
El miércoles pasado, sin embargo, el ambiente en el Pignatelli era distinto al de ocasiones anteriores, impregnadas por el pesimismo de los datos. El presidente aragonés, Javier Lambán, y la consejera de Salud, Sira Ripollés, comparecieron en rueda de prensa para hacer balance del último año y anunciar que “se empiezan a ver datos más esperanzadores”. Ese día, la tendencia de casos iba en descenso y con unas cifras de incidencia desconocidas desde julio del pasado año. La mejoría de los datos llevó al Ejecutivo autonómico a levantar los cierres de las tres provincias, que se encontraban confinadas desde hacía cuatro meses, el récord de todas las autonomías del país.
Luz en el túnel
Después de la aprobación de una ley, cuatro decretos-ley, quince decretos del presidente, más de 50 órdenes de la Consejería de Sanidad y multitud de protocolos y reglamentos que han regulado la vida diaria de los aragoneses, Lambán constató en sus primeras palabras: “Empezamos a ver luz después del túnel”. El túnel en el que la comunidad entró el 4 de marzo de 2020 cuando la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón activó el protocolo de actuación frente a posibles casos de coronavirus tras resultar positiva la prueba realizada a un hombre de 79 años, ingresado en el Hospital Clínico de Zaragoza, que falleció posteriormente.
De repente, la espiral de contagios se disparó: 8, 14, 17… hasta los 54, el sábado 14 de marzo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el estado de alarma y, en paralelo, el Gobierno de Aragón ordenó el cierre de todos los establecimientos hosteleros, restauración y ocio, casinos, juegos y apuestas y otro establecimientos salvo los de suministro de alimentación, farmacias y estancos. Un día antes, ya había anunciado el cierre de los colegios.
Se sucedieron las medidas para evitar la propagación del virus: confinamiento ciudadano; cierre de centros de día y residencias de mayores; reducción al 50% del transporte de viajeros por carretera; teletrabajo del personal de la Administración autonómica; activación de la fase de Emergencia Nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón; montaje de dos hospitales de campaña con los que atender hasta 500 pacientes de coronavirus de media o baja complejidad… Las Cortes cerraron sus puertas al público y la actividad política se paralizó.
La desescalada de finales de abril
En abril se empezó a hablar de desescalada y de una salida escalonada del confinamiento. El Gobierno de Aragón remitió al Ministerio de Sanidad un plan de desescalada en cuatro fases y por tramos de población. El 15 de ese mes, Lambán convocó a fuerzas políticas, agentes sociales y entes locales para debatir sobre un Programa de Recuperación Económica y Social post-pandemia, un acuerdo, del que se descolgó solo Vox y que fue posible a principios de junio. El Servet cerró la UCI montada de apoyo para enfermos de covid. El personal de la Administración General del Gobierno de Aragón comenzó a reincorporarse de forma presencial a sus puestos de trabajo de manera gradual y progresiva. Se reabrieron los museos, se autorizó la movilidad interprovincial en Aragón a partir del 8 de junio, fecha en que la comunidad pasó a la fase 3 de la desescalada.
Las medidas dieron un leve respiro a la virulencia de la primera ola. Sin embargo, el regreso a la denominada nueva normalidad, pilotado por la nueva consejera de Salud, Sira Ripollés, que sustituyó en mayo a Pilar Ventura, que dimitió como consecuencia de la presión del personal sanitario, saltó en mil pedazos a mediados de julio. Coincidiendo con la llegada de temporeros a la comunidad, la cifra volvió a subir en agosto a casi 700 afectados diarios. Se desató la segunda ola de la pandemia.
Cuatro olas
Ola tras ola, (Aragón lleva cuatro) la evolución del virus ha sido siempre parecida coincidiendo con la suavización de las medidas. Con motivo de las Fiestas del Pilar, se llegó a los 1.300 contagios diarios; en el Puente de la Constitución, hubo más de 1.000 casos y más de 900, días después de la Navidad. El Gobierno mantendrá el cierre perimetral de Aragón en Semana Santa, y confía en que de esta forma la pandemia de sus últimos coletazos. “Si la vacuna funciona bien, a finales de 2021, estaremos muy cerca de los niveles económicos de antes del covid”, auguró el miércoles un optimista Lambán.
