El mes de julio vuelve a teñirse de violencia machista. Mientras una parte del país celebra, viaja, descansa o se reúne frente a una pantalla para vivir la euforia del fútbol, demasiadas mujeres afrontan estas semanas con más miedo, más control y menos salidas. No son casos aislados ni tragedias privadas. Es violencia estructural. Es terrorismo machista. Y es una emergencia democrática que no admite ni indiferencia ni vacaciones.
El verano no crea al agresor. Tampoco lo hacen el calor, el alcohol o una derrota deportiva. La causa es el machismo y el responsable es siempre quien agrede. Pero las vacaciones modifican rutinas, aumentan el tiempo de convivencia y debilitan apoyos cotidianos. Cierran colegios, cambian horarios, se reducen servicios y muchas mujeres quedan más expuestas al hombre que las controla, las amenaza o las golpea.
La euforia futbolística tampoco puede presentarse como una explicación inocente. Las celebraciones colectivas, el consumo de alcohol y una masculinidad exaltada que confunde pasión con agresividad pueden convertirse en un escenario especialmente peligroso cuando la violencia ya existe. El fútbol no mata. Matan los agresores. Pero una sociedad que normaliza los gritos, los insultos, la posesión y la violencia como formas de ser hombre alimenta el terreno en el que esa violencia crece.
Para muchas mujeres, además, el verano supone recuperar pequeños espacios de autonomía: una comida familiar, una salida con amigas, unos días fuera de casa. Para un maltratador, que entiende la relación como dominio, cualquier gesto de libertad puede ser vivido como una amenaza a su control. Y el momento de la ruptura sigue siendo uno de los de mayor riesgo.
Por eso es intolerable que la responsabilidad continúe recayendo sobre ellas. Que se les pregunte por qué no denunciaron, por qué volvieron o por qué no se marcharon antes. Salir de la violencia no consiste en cruzar una puerta. Hace falta vivienda, ingresos, empleo, atención psicológica, transporte, cuidados y protección efectiva para ellas y para sus criaturas.
Una orden de alejamiento no paga un alquiler. Un protocolo no acompaña por sí solo. Una campaña no sirve si después los servicios reducen horarios, faltan profesionales o la respuesta llega tarde. No necesitamos instituciones que contabilicen cursos, reuniones y carteles. Necesitamos instituciones capaces de medir cuánto tarda una mujer en estar realmente segura, cuántos agresores reinciden, cuántas medidas se incumplen y cuántas señales fueron ignoradas.
Y aquí hay una responsabilidad política incontestable. La tienen quienes recortan recursos, quienes niegan la violencia machista y quienes convierten el feminismo en un enemigo electoral. Cada discurso negacionista debilita la prevención, desacredita a las víctimas y ofrece legitimidad a los agresores. No es una provocación retórica: es una irresponsabilidad con consecuencias.
La violencia machista no se va de vacaciones. Los recursos públicos tampoco pueden hacerlo. Por las mujeres asesinadas solo llegamos ya al duelo y a la rabia. Por las supervivientes tenemos la obligación política de actuar antes de que sean el próximo titular.
Marina Rodríguez Hernando. Secretaría de Feminismos de Chunta Aragonesista (CHA)
