Tan conocido es el Palacio de la Aljafería, como desconocido el trabajo parlamentario que se realiza en él. Es llamativo observar cómo en Aragón se ha visto y escuchado más veces al Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid que al Consejero de Agricultura de Aragón, o a la Consejera de Presidencia de Cataluña que a la Consejera de Economía de Aragón. Y, además, la labor de los medios de comunicación fomenta este desconocimiento.
De media se dedica al día medio minuto del telediario autonómico aragonés para informar sobre los acuerdos o desacuerdos que se hayan producido en el Parlamento aragonés, y en torno a una o dos páginas de la prensa (ambas en función de los acontecimientos acaecidos). Si quien ostenta la capacidad y responsabilidad de informar a la sociedad sobre el trabajo parlamentario que se lleva a cabo en la Comunidad incumple su función, ¿cómo se puede exigir que esa misma sociedad deje de ser ignorante de sus representantes?
La labor de los diputados autonómicos es desconocida, pero no por ello inexistente. Son cauce de exigencias sociales, cuyas demandas devienen en iniciativas como modificaciones legislativas, interpelaciones, preguntas o mociones; a través de peticiones de sus municipios, comarcas o provincias, pueden orientar la labor del Ejecutivo, en mayor o menor medida en función de si el grupo parlamentario al que pertenecen está en la oposición o forma parte del gobierno autonómico.
No solo una mala información, sino también una mala educación conllevan que exista una falta de conexión entre el representante político y el representado políticamente. “La única función democrática es ejercer el derecho al voto. Tras ejercer el voto, es el representante político elegido el que asume la función de mantener y fortalecer la democracia”. Quien piense así se equivoca, ya que la democracia no se construye solo cada cuatro años, sino día a día, y no solo es ejercida en el día a día por el representante local, autonómico, estatal o europeo, sino por cada ciudadano que debe, mediante sus propios actos, mantener y fortalecer las bases de la democracia.
Y entre los 67 diputados y diputadas autonómicos, la mayoría desconocidos por la ciudadanía, son representadas 1.329.391 personas. Si se pretende trasladar a los representantes políticos toda la responsabilidad de la desafección ciudadana y de la desconexión política, sin asumir el resto de población parte del problema, el conflicto no es que solo va a pervivir, sino que va a aumentar de manera tan exponencial que los “no-representados”, cansados de este sistema, fijen sus destinos en los de un líder en el que vean sus aspiraciones representadas y sus logros sean asumidos, por este colectivo, como propios.
Álvaro Alcaire Marco
Alumno de 4º curso del Grado de Derecho de la Universidad de Zaragoza
