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Otro bofetón a las grandes obras hidráulicas

La Audiencia Nacional ha vuelto a sentenciar que las obras del embalse de Mularroya son un despropósito medioambiental. Por tercera vez en una década pone severos reparos a una obra que ya ha costado casi 200 millones de euros y que, según la sentencia, incumple con las normativas medioambientales europeas, no respeta cientos de hectáreas protegidas, no tiene en cuenta las directivas de caudales ecológicos y así se podría seguir. La sentencia es contundente y así lo admiten incluso los más acérrimos defensores de esta infraestructura. El fallo es un varapalo para los partidarios de esta obra, y para sus detractores una nueva confirmación de que es una obra irracional.

No es la primera vez que la Justicia entierra con sus sentencias algunas de las obras hidráulicas más importantes de Aragón por dimensiones y presupuesto, esas de las que se lleva hablando durante décadas y que avanzan por el empecinamiento oficial sin que se terminen de concluir. Otras han pasado a mejor vida definitivamente después de años de polémicas, injustas expropiaciones, reivindicaciones sobre el terreno y exigencias de que se hicieran por la necesidad de regar para llevar la riqueza y el desarrollo a las tierras bajas y de cultivo. Campo, Comunet o Santaliestra, en el Ésera, fueron las primeras en pasar a mejor vida. La cacicada de Jánovas, en la cuenca del Ara, ya es un triste capítulo superado de nuestra historia. Biscarrués, en el Gállego, se ha descartado después de que la Justicia, como en el caso de Mularroya, pusiera todas las objeciones que daban la razón a sus opositores. Yesa, en el Aragón, avanza lentamente a pesar de las dudas que provoca.

Tres décadas del Pacto del Agua de Aragón

El próximo año se cumplirán 30 años del Pacto del Agua de Aragón, esa gran mesa de diálogo que se tildó de ejemplar porque convocaba en el mismo foro a todos los sectores implicados para consensuar la planificación hidrológica de Aragón de las próximas décadas. Ese pacto sufrió una profunda revisión en 2006. Pese a la ejemplaridad con la que siempre se ha vendido este foro, 30 años después sigue abierta la brecha en los puntos verdaderamente conflictivos, que se aplazaron o quedaron abiertos sin que nunca se hayan resuelto. No sin esfuerzo, se llegó a un acuerdo en decenas de obras menores que generaban menos discrepancia, pero lo cierto es que aquellos elementos nucleares y objeto de grandes discrepancias siguen abiertos. Con el empeño del Gobierno de Aragón (con la mitigada protesta de CHA y Podemos) y de los regantes para que sigan adelante y la resistencia de colectivos ecologistas y las zonas afectadas que se oponen y han encontrado dos de los mejores aliados posibles: la Justicia (que sistemáticamente les está dando la razón) y el Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene claro -a diferencia de la administración autonómica- que no se puede mirar al 2030 con los criterios hidrológicos de los años 70 del siglo XX. Regadíos sí, pero con obras sostenibles que tengan en cuenta criterios de sostenibilidad y de cambio climático. La propia Confederación Hidrográfica del Ebro ha cambiado en los últimos años su perspectiva y tiene muy claro en la planificación hidrológica diseñada hasta el 2027 que no son tiempos de más obras faraónicas.

Siempre se ha dicho que el Pacto del Agua de Aragón es un ejemplo, pero la realidad es que solo tiene dos hitos destacables y de verdadero consenso: las balsas laterales del Matarraña y el embalse de San Salvador en el sistema del Aragón y Cataluña. Cuando se habla de regular caudales para el Jalón, Bardenas o Riegos del Alto Aragón, la cosa cambia. La comisión de seguimiento del Pacto del Agua lleva años sin reunirse y cuando lo hacía era un mero trámite que dejaba a todos insatisfechos. El año pasado el Gobierno de Aragón anunció una nueva convocatoria del Pacto del Agua para dar cabida a las nuevas formaciones políticas y revisar las cuestiones más polémicas. Se reunió en junio con la publicidad habitual de las convocatorias oficiales y casi un año después se desconoce si el pertinente grupo de trabajo creado ad hoc ha sacado alguna conclusión. De momento, quien sí lo hace, es la Justicia. 

Antonio Ibáñez, periodista

Artículo publicado en El Periódico de Aragón