Está pasando. A pesar de la suspensión temporal del concierto del bachillerato con entidades privadas, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el pasado jueves, el Gobierno de Aragón está empeñado en abrir la vía para normalizar la financiación pública generalizada del bachillerato privado.
Al recurso interpuesto por 17 organizaciones defensoras de la enseñanza pública, el TSJA respondió que un Ejecutivo en funciones no puede aprobar convenios con entidades privadas de los que deriven obligaciones para la Hacienda autonómica salvo en casos de urgente y extraordinaria necesidad. No era el caso. Considera, además, que esa aprobación hipotecaba al nuevo Gobierno al que, eso sí, reconoce que la concertación es “una opción de planificación educativa de competencia autonómica”.
A algunos ya nos había sorprendido que esta medida la firmara y la anunciara una consejera de Educación en funciones que había renunciado a continuar en el cargo, Tomasa Hernández, antes de que el PP cerrara los pactos con Vox. ¿Pudo ser una de las condiciones previas que impuso el partido de Abascal?
Y aún nos sorprendió más que, sin esperar a la decisión del TSJA, el Consejo de Gobierno tirara para adelante el pasado miércoles, en un alarde de poder, autorizando que se incluyera por primera vez la financiación pública del primer curso de bachillerato en centros privados y concertados. Iban a ser 56,7 millones de euros hasta el curso 2030-2031 para una enseñanza que no es obligatoria.
Según el Ejecutivo, este cambio de modelo, suspendido temporalmente por el TSJA, obedecía a la demanda social, a la gratuidad y al principio de libre elección del centro educativo. No pueden argumentar el principio de igualdad de oportunidades porque en todo el territorio solo lo garantiza la enseñanza pública como tan bien lo sabemos los que hemos nacido y los que están naciendo en el mundo rural, a los que hay que cuidar especialmente en el Aragón despoblado. Como tan bien lo saben las familias con menos recursos económicos y la mayoría de los inmigrantes que estamos acogiendo.
Políticamente, resulta clarificador que se quiera cambiar el modelo incluyendo como financiación pública singular enseñanzas que hasta ahora no eran obligatorias cuando hay tantas plazas por estabilizar –en Aragón alrededor de 2.000- y tantas necesidades que atender en los centros educativos públicos.
Por ejemplo, en un momento en el que las tempranas y frecuentes olas de calor acaban de desnudar la imprevisión de las administraciones con la adaptación climática de las escuelas de Primaria y los centros de Secundaria. Estos centros, incluidas las escuelas infantiles, son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) calcula que en España solo el 1 por ciento de los 19.338 centros educativos públicos está climatizado. Muchos se construyeron antes de que el cambio climático se convirtiera en un problema de salud pública y en los más recientes no se tuvo en cuenta esa previsión porque, total, en julio y agosto no hay clases. Una mentalidad de ahorro económico esta última que ha saltado por los aires cuando, por poner un ejemplo, el Observatorio Europeo del Clima y la Salud calcula que hasta 2040 la provincia de Sevilla registrará 41 días lectivos anuales por encima de los 29 grados centígrados.
La normativa de prevención de riesgos laborales dice que por encima de los 27 grados no se debería realizar actividad alguna y la Asociación Española de Pediatría mantiene que en las aulas a partir de los 26 grados se deteriora el aprendizaje y por encima de los 30 el aula deja de ser un lugar adecuado para aprender.
A pesar de que el consejero de Educación de Madrid frivolizara afirmando que “el calor inspira” o una diputada aragonesa de Vox “que los niños no son de mantequilla”, estamos hablando de una prioridad política a la que el Gobierno de Aragón respondió con el Plan “Aulas que respiran”. Inspirador lema para enviar un cuestionario de diagnóstico a todos los centros públicos, también a los integrados y a los de educación especial. El plazo para responderlo finaliza este próximo lunes. A partir de ahí se conocerán las necesidades de cada centro y se iniciara una “estrategia progresiva” a desplegar durante años. Vamos tarde. La ciencia ha ido mucho más rápido pero, en fin, más vale tarde que nunca.
Lo cierto es que estamos ante una prioridad que desborda las posibilidades de una sola administración. Los técnicos calculan que serían necesarios 10.000 millones de euros para garantizar el confort térmico en todos los centros públicos educativos de España.
En el caso de las escuelas infantiles se está avanzando más rápido gracias a la iniciativa de las asociaciones de padres y de madres, y de los ayuntamientos. No se trata solo de climatizar con bombas de calor o placas fotovoltaicas, o de aislar, ventilar y colocar toldos. Se trata, mirando al futuro, de hacer también habitables con sombra y fuentes los patios escolares y, en definitiva, de ir transformando los centros educativos públicos en refugios climáticos.
El Gobierno de España, a través del ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), aprobó el pasado martes una inversión de 368 millones de euros para la rehabilitación y eficiencia energética de instalaciones públicas: 200 millones para colegios e institutos públicos y 168 para hospitales, centros de salud y consultorios locales. Serán insuficientes pero, al menos, la ministra Sara Aagesen ya llevaba adelantado el diagnóstico. Otra cosa será que lleguen a coordinarse el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La crispación lo está solapando pero está pasando y no solo en la educación. También en la sanidad pública aragonesa: 3,2 millones de euros en solo 14 meses en contratos con Ribera Salud, propiedad de un grupo privado francés, para atender consultas, guardias e intervenciones quirúrgicas, en los hospitales de Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz y Barbastro.
Plácido Díez, periodista. Artículo publicado en el Diario.es Aragón
