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La ley que “blindará” una financiación estable para los ayuntamientos tardará aún un año en entrar en vigor

Los 731 ayuntamientos aragoneses todavía van a tener que esperar casi un año en alcanzar uno de sus grandes anhelos: la garantía legal de que van a disponer cada año de una financiación mínima para hacer frente a sus maltrechas economías. La elaboración del futuro proyecto de ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal que garantiza esa financiación segura al margen de las disputas políticas está en su fase final y de hecho el Gobierno de Aragón prevé tomar en conocimiento el texto en su última reunión de 2019. Sin embargo, la
dilatada tramitación administrativa del proyecto, que contempla su exposición pública y el debate y aprobación definitiva en las Cortes de Aragón, no finalizará en el mejor de los casos hasta el último trimestre de 2020.

El presidente aragonés, Javier Lambán, convencido municipalista que creció políticamente siendo alcalde de Ejea de los Caballeros y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, ha convertido la financiación de los municipios en una de sus principales promesas en campaña electoral y en sus discursos de investidura. En la pasada legislatura, ya hubo un primer intento de llevar a las Cortes un proyecto de ley regulador del nuevo Fondo Aragonés
de Financiación Municipal, pero la ausencia de dinero para poner en marcha esa ley provocó su bloqueo. De esta forma, el texto pasó a dormir un largo sueño de casi diez meses hasta que fue rescatado en una clara operación de maquillaje electoral, ya que fue al final de la legislatura y cuando no había tiempo para aprobarlo.

Ahora, el cuatripartito que gobierna en el Pignatelli no parece estar dispuesto a incumplir de nuevo su promesa electoral y ha impulsado la futura ley, aunque su tramitación se inicie desde el principio como consecuencia de que decayera en la anterior legislatura. El proyecto de ley de Presupuestos de 2020, en tramitación en las Cortes, incorpora diversas partidas en el todavía vigente Fondo de Cooperación Municipal por un importe cercano a los 21 millones
de euros, más del doble de los 9,6 millones de euros que se presupuestaron en 2015. Esas cantidades destinadas a los municipios tienen carácter incondicionado, es decir, los ayuntamientos pueden gastarlas de la forma que estimen oportuno.

El Fondo de Cooperación Municipal que rige desde abril de 1999, cuando se aprobó la Ley de Administración Local, excluye a las tres capitales de provincia, Teruel, Huesca y Zaragoza y no da estabilidad a lo que perciben los ayuntamientos, sino que los recursos disponibles están al albur de la voluntad política del momento y en ningún caso están ligados a la evolución de la situación financiera de la Comunidad Autónoma. La nueva regulación que entrará en vigor previsiblemente en otoño o invierno de 2020 se propone “blindar la financiación de una forma fija y estable con el objetivo de que los ayuntamientos sepan desde principios de año el dinero que van a recibir”, asegura la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. Es decir, además de ser un fondo de uso incondicionado, se garantizará por ley una dotación inicial mínima que, en el proyecto que decayó en la pasada legislatura, ascendía a 30,6 millones de euros. Esa dotación inicial mínima se distribuirá anualmente con criterios objetivos, de tal forma que los ayuntamientos recibirán una cantidad fija igual para todos y una variable en función del número de habitantes y de la existencia de núcleos de población habitados separados pertenecientes a dicho municipio.

Lambán ha asegurado recientemente que el nuevo Fondo Aragonés de Financiación Municipal destinará un millón de euros incondicionados a Huesca y 700.000 a Teruel. Como consecuencia de la ley de Capitalidad, el Gobierno de Aragón aporta anualmente a Zaragoza ocho millones de euros

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